Los trabajadores del Dispositivo de Adscripción para personas privadas de la libertad se encuentran de paro y en asamblea desde la tarde de ayer, y por tiempo indeterminado, hasta tanto no se regularice su situación de pago por los servicios que prestan. Por esa razón, no hay asistencia de los tratamientos en las comisarías ni en el servicio penitenciario del sur de Santa Fe.
Pablo Carcovich delegado de Ate Rosario en el sector que trabaja en las comisarías, dialogó con Conclusión y detalló que les cortaron el pago y la justificación fue que «estaba objetado» sin más explicación.
«Los últimos meses el pago venía siendo regular y esta objeción no sabemos que implicancias tiene ni de quién fue la decisión. Según nos informaron desde Santa Fe, la partida que estaba destinada a esto no está, se cortó».
El Dispositivos de Salud en Cárceles trabaja desde el 2014 y atiende a las personas que están alojadas en comisarías, alcaidías y personas detenidas en las cárceles del sur de la provincia.
«Pedimos una audiencia con la ministra de Salud y hablar con el director provincial para que nos puedan averiguar algo y regularizar nuestra situación que en este momento de las Fiestas se siente más y es una fecha muy sensible», detalló Carcovich.
El psicólogo indicó que no se trata de un problema administrativo y es por eso que la incertidumbre es mayor. Esta decisión afecta a los trabajadores que integran este Dispositivo y a médicos, choferes y enfermeros del Sies que operan en emergencia.
Son un total de 90 trabajadores contratados a quien les llega este retraso y no es la única complicación que tienen a nivel salarial. «Nosotros cobramos el 20 más o menos y nos trae muchos problemas porque pagamos todo atrasado, nunca llegamos. En este caso cuando preguntamos por ese pago, nos enteramos de prepo que estaba objetado sin saber que significa», contó el delegado.
Cable aclarar que este Dispositivo no trabaja con las emergencias. «Nosotros damos atención primaria de manera ambulante. Buscamos la demanda de salud», aclaró. Por ende no significa que aquellos pacientes privados de la libertad se quedan sin atención de urgencias, sino que no contarán con la prestación de servicios de tratamientos.
«Sabemos que hasta ahora contábamos con la tranquilidad de saber que estaba la decisión política de sostener este dispositivo, ahora queremos saber si continúa», finalizó.
