Trabajadores de la cooperativa “La Litoraleña”, recuperada en 2016, recibieron este miércoles, durante una visita a la Legislatura porteña, nuevas adhesiones al proyecto de ley que presentaron para la expropiación del edificio donde funciona la fábrica, situado en el barrio de Chacarita, sobre el cual pesa una orden de desalojo judicial.
El apoyo quedó plasmado en una reunión con legisladores y representantes de cooperativas a propósito de la iniciativa de declarar de “utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot 331 y 345”.
También dispone que lo expropiado “sea destinado al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo”.
La Litoraleña lleva adelante su trabajo desde hace siete años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas, después de la quiebra de Deconti SA.; y afronta un pedido de desalojo dictaminado por el Juzgado en lo Comercial nacional 18.
La propuesta de los trabajadores fue elevada ante la Legislatura a fines de mayo y este miércoles recibió nuevas adhesiones, entre ellas, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA); la Federación de Cooperativas de CABA (FEDECABA); el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC); la Confederación de Cooperativas Argentinas (COOPERAR); la CGT España; y la Cooperativa Rimaflow de Italia.
Por su parte, el legislador de Unión por la Patria Claudio Morresi dijo que el bloque “hizo propio el proyecto porque hay decisiones que toma la justicia que no compartimos y ponen en grave peligro la fuente de trabajo de 50 personas y de 50 familias”.
En el año 2016, después de la quiebra de Deconti SA, los empleados de la empresa constituyeron una Cooperativa de Trabajo y solicitaron permiso de explotación a la Jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado Comercial Nacional N° 18, que fue denegado. Tal situación, demandó años de reclamos hasta que la Cámara de Apelaciones dio la razón a la cooperativa dando cuenta que estaba ajustada a derecho.
Actualmente, la cooperativa se encuentra en peligro por una orden de desalojo que se da luego que la jueza negara la propuesta de los trabajadores de adquirir los bienes de la quiebra compensando los créditos laborales –salarios impagos, indemnizaciones, etc.– y que la decisión fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones y no permitiera un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
