El relator para la ex Birmania, Thomas Andrews, dijo que su pueblo “merece algo mejor de parte de las Naciones Unidas”. Aseguró que en los últimos tiempos la escalada de violencia y la campaña de terror se han generalizado en todo el país.
Pesa sobre ella la acusación de haber cobrado “600.000 dólares y varios kilos de oro” del ex ministro Phyo Min Thein. Además se enfrenta a otros cargos que van desde posesión ilegal de walkie-talkies hasta incitación a los disturbios públicos y violación de una ley sobre los secretos de Estado.
Desde la madrugada, enormes embotellamientos con vehículos abarrotados se observaban las principales arterias de Yangón, capital económica del país, por el éxodo de personas que buscan escapar de la represión impuesta en varios sectores de esa ciudad de cinco millones de habitantes, bajo ley marcial, según imágenes divulgadas por un medio local.
El país está sumido en el caos desde el golpe de Estado que supuso la destitución de Suu Kyi, quien se encuentra detenida y acusada de varios cargos penales, entre ellos el de poseer transmisores (walkie talkies) sin licencia y el de violar las restricciones impuestas por el coronavirus.
La ola de arrestos lanzada por el gobierno de facto tiene por objetivo sofocar la ola de protestas que transita por el sexto día. Desde que se produjo el golpe, unas 220 personas fueron arrestadas, incluidas las 20 que después fueron liberadas.
