El jurista de la ONU que participó de la investigación, García Yasan señaló que la presión ejercida "habría socavado" la independencia de la justicia "y obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial".
El fin es averiguar sobre los préstamos del Banco Nación a la cerealera. Además, la nueva sesión por videoconferencia buscará aprobar una serie de convenios internacionales sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. En este último punto del temario, en las últimas semanas se sentó un precedente clave en Rosario.
En la asunción de Emilce Chimenti, el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, destacó la importancia de que la policía "controle el crimen" y expresó: "Hay mucho activismo en las redes, yo quiero más activismo en la calle controlando delincuentes".
"Jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie", dijo Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, a quien se acusa de participar en causas de espionaje ilegal.
El fiscal Carlos Covani explicó que en la concentración de este jueves se cometieron dos delitos: "Por un lado la obstrucción de las vías de transporte terrestre y por otro la infracción de las normas sanitarias impuestas por el aislamiento".
Tiene prisión domiciliaria y habilitación a ejercer su profesión. El Gobierno de Entre Ríos pidió revocar ambas medidas porque carga con prisión preventiva en otra causa, imputado por privación ilegal de la libertad agravada y torturas.
El proceso oral y público abarcó los casos de 188 perseguidos políticos y los imputados están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, desaparición forzada y violaciones.
Se trata del abogado penalista José Luis España, quien llevó al justicia a la magistrada, luego de difundir en medios de comunicación, que el gobierno era el responsable de ésta medida.
Tras los alegatos de las defensas, el Tribunal les dará a los acusados la posibilidad de dar sus últimas palabras y luego se anunciará la fecha para la sentencia, que podría producirse durante la semana siguente
Alberto Aquilino Ortega grabó un video que se difundió en redes sociales donde invitaba a sus compañeros y a la sociedad a romper el aislamiento y liberarse de un régimen “totalitario, subversivo”, que tendría “esclavizado” al pueblo argentino.
A P.R.L., de 43 años, se la acusa por varios delitos, entre ellos privar ilegítimamente de la libertad a su hija, a quien también agredió, chocar a su yerno, y amenazar y agredir a su madre en reiteradas oportunidades.
Dicha Fiscalía se ocupará específicamente de los hechos relacionados a la violación del decreto de emergencia sanitaria, es decir, de las denuncias de violación de aislamiento y propagación de la enfermedad, delitos que, en el contexto de pandemia, están contemplados en el código penal.