Los fiscales de Rosario Claudio Marcelo Palacin y Claudio Kishimoto convocaron al ex Teniente Coronel Alberto Aquilino Ortega a prestar declaración indagatoria luego de que se le abriera un expediente por la comisión de diversos delitos de acción pública, pero el acusado se negó a presentarse ante la justicia.
El militar fue denunciado por el Ejército Argentino a raíz de sus expresiones realizadas en un video grabado y difundido por él mismo, que comenzó a circular el 1 de abril de este año y fue ampliamente difundido.
Los fiscales imputaron a Ortega varios delitos: instigación,delito contra la salud pública, desobediencia, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, intimidación pública e incitación a la violencia.
En este sentido, destacaron que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Teniente Coronel -retirado- llamó a sus compañeros a salir y los arengó a incitar a la población a liberarse de un supuesto régimen “totalitario, subversivo”, que tendría “esclavizado” al pueblo argentino.
En el video Ortega pronuncia diversias agresiones hacia el presidente Alberto Fernández. «Métame preso si quiere, no le tengo miedo al coronavirus. Prefiero morir de coronavirus antes que seguir subyugado a su histéria de ser un estatista, un totalitario», sostiene el ex militar.
En sintonía, los funcionarios judiciales puntualizaron que el derecho a la libertad de opinión o expresión no es absoluto ya que los agravios personales no pueden desligarse del contexto en el que fueron efectuados y difundidos.
Además, agregaron que no se puede obviar que los delitos que se estiman cometidos, deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus.
Palacin y Kishimoto también destacaron la gravedad de que un miembro de las Fuerzas Armadas pretenda formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas y estimaron que sus manifestaciones podrían considerarse como intimidación pública, encaminada a suscitar tumultos o desórdenes.
Paralelamente, la conducta de Ortega podría ser sancionada penalmente ya que sus expresiones incitaron a la violencia colectiva contra grupos de personas e instituciones, lo que se castiga por la sola incitación.
