Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires –
El abogado penalista José Luis España, denunció ante la justicia a la magistrada Julia Márquez, por “difundir datos falsos y/o a tergiversar u ocultar los verdaderos, con el fin de generar en la sociedad en su conjunto alarma y preocupación”, en medios de comunicación y que esta tenía como claro propósito «infundir temor público».
Márquez ganó notoriedad el pasado 1 de mayo, cuando mintió en varias oportunidades en los medios al acusar que el Gobierno estaba liberando presos.
El penalista, realizó en el escrito que presentó, un minucioso y detallado informe sobre la participación de Julia Márquez, en distintos canales de televisión, su cuenta de twitter y otros medios.
José Luis España
La polémica no solo quedó saldada porque horas después de afirmar lo que dijo, se desdijo, sino que según cifras oficiales del Servicio Penitenciario Federal, los liberados desde el 16 de marzo fueron 1227 detenidos que habían cumplido la pena, y 320 pasaron a cumplir la misma en forma domiciliaria. Es decir, no fueron liberados.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Bonaerense, consignó que los liberados por cumplimiento de la pena, 1501 presos y 599 por el Covid 19 con domiciliaria.
Respecto de las domiciliarias, en el año 2019 (gestión Macri), el Servicio Penitenciario Bonaerense registró que por homicidios, 103 fueron los condenados que obtuvieron prisión domiciliaria entre el 17 de marzo y el 17 de abril. En tanto que en 2020 solo 42 fueron los que obtuvieron domiciliaria.
Por otro lado, en relación a los delincuentes que cometieron delitos contra la integridad sexual, desde el 17 de marzo a 17 de abril en 2019 fueron reconocidas 44 domiciliarias (gestión Macri), contra 30 en 2020 tomado el mismo período.
En la presentación, el letrado expuso que la funcionaria judicial, «se habría dedicado en medios periodísticos locales, regionales, provinciales y nacionales», en algunos casos levantadas estas noticias en medios internacionales, “a difundir datos falsos y/o a tergiversar u ocultar los verdaderos, con el fin de generar en la sociedad en su conjunto alarma y preocupación”.
Todo esto, se dio el marco de «las decisiones jurisdiccionales sustentadas en la problemática generada por la Pandemia provocada por el COVID19» y «el eventual acceso de los privados de libertad a beneficios diversos como alternativa al encierro cautelar o temporal por sentencia condenatoria firme, en establecimientos penitenciarios o comisarias».
En diálogo con Conclusión, el abogado que inició la acción precisó que las consecuencias para la magistrada en caso que se dé lugar a la iniciativa «por tratarse de un delito de acción pública, puede ser condenada, o sobreseída, inclusive la denuncia podría ser archivada en el caso de que el juez de la causa, considera que no hay delito».
Sin embargo, España señaló que Márquez «cometió faltas como jueza al proferir mentiras sobre determinada información».
En otro orden, también aclaró el abogado penalista que podría tener consecuencias sancionatorias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso un Jury de enjuiciamiento por mal desempeño».
España deslizó su asombro al referir que «todos se colgaron de las declaraciones de esta jueza que sabía que no decía la verdad», pero lo más preocupante, es que también en sus declaraciones la funcionaria «se burló de las víctimas de delitos».
El letrado afirmó que interpreta que esta actitud de la magistrada, solo se puede entender que lo hizo «con la única intención de generar pánico, caos» y por eso la denunció.
