El Gobierno aseguró que este año, el país recibió más de 85.000 personas en sus costas y que el resto de la Unión Europea incumplió las cuotas prometidas de acogida de migrantes que llegan al continente por el mar Mediterráneo desde África o Medio Oriente.
Se trata de los montos resarcitorios que se imponen a los infractores en el marco de la suspensión del juicio a prueba o «probation», que es una instancia alternativa al juicio oral y público. El dinero se destina a instituciones públicas de salud de Rosario y del resto de la provincia de Santa Fe.
El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini confirmó estos números y adelantó que se está evaluando que las personas reincidentes sean detenidas en comisarías, con todas las medidas de seguridad correspondientes.
El gobernador Miguel Lifschitz firmó la disposición por la cual extendió por seis meses el sistema conclusional, con el objetivo de proveer la debida resolución judicial a cada una de las causas.
