El Gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni eliminó las sanciones penales para las organizaciones que rescaten migrantes en alta mar, al aprobar este jueves un decreto ley que admite el desembarco de náufragos en sus puertos y regula los mecanismos de salvataje.
El decreto con «disposiciones urgentes para la gestión de los flujos migratorios» excluye la posibilidad de que las ONGs enfrenten causas penales por salvar migrantes en el mar e introduce en cambio multas de hasta 50.000 euros por incumplimiento de las normas.
Con la nueva medida, anunciada por la página digital oficial del Gobierno, las embarcaciones humanitarias ya no podrán deambular por el Mediterráneo llenas de personas en búsqueda de naufragios, sino que deberán avisar a las autoridades italianas luego de cada rescate que efectúen.
Los barcos humanitarios, asegura el decreto ley, deberán entonces dirigirse de inmediato al puerto asignado para hacer descender a las personas rescatadas.
Con el nuevo marco legal, que incluye hasta la confiscación de las naves que no cumplan las disposiciones, los comandantes que hagan los salvatajes deberán comunicar a las personas rescatadas los procedimientos para el pedido de asilo vigentes en los países de bandera de cada barco.
También quedará prohibido el trasbordo de personas entre barcos en alta mar.
«Las disposiciones tienen por objeto conciliar la necesidad de garantizar la seguridad de las personas recuperadas en el mar, de conformidad con el derecho internacional y nacional pertinente, con la necesidad de proteger el orden público y la seguridad, de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre el Derecho de las Naciones Unidas el mar, Montego Bay, 1982», argumenta el decreto.
Con la norma, según explicó el Gobierno, «se opta por un sistema sancionador administrativo, en sustitución del sistema penal vigente».
«En este contexto, además de la sanción pecuniaria, se prevé la inmovilización administrativa de la nave (contra la cual se admite recurso ante el prefecto) y, en caso de reincidencia en la conducta prohibida, el decomiso de la misma, precedida del embargo preventivo», agrega el texto.
Italia aseguró que este año recibió más de 85.000 personas en sus costas y que el resto de la Unión Europea incumplió las cuotas prometidas de acogida de migrantes que llegan al continente por el mar Mediterráneo desde África o Medio Oriente.
En ese marco, el Gobierno de Meloni tiene el aval del papa Francisco en el reclamo para que Europa «no deje solos» a los países mediterráneos y se cumplan los cupos acordados.
