Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, el pasado 20 de marzo, y la puesta en marcha de la Unidad Fiscal Covid-19, en Rosario y la zona de influencia se tramitaron unas 1.500 causas penales. De ese total, hasta el momento, alrededor de 50 de esas causas ya se han resuelto a través de la «probation» o suspensión del juicio a prueba y las donaciones impuestas a los imputados alcanzan 2.200.000 pesos, que se destinarán a distintos efectores públicos de salud en toda la provincia de Santa Fe.
Así lo informó el fiscal Gustavo Ponce Asahad, titular de la unidad fiscal, quien detalló que, a partir de lo instruido por el Fiscal General de la provincia, Joge Baclini, «se conformó una cuenta judicial en la que se depositan los montos dinerarios en concepto de resarcimiento por la comisión del delito de las normas sanitarias «.»Ese dinero va a a ser destinado a efectores de salud públicos de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe».
«Estamos con un total aproximado de 1.500 causas en trámite, muchas de las cuales se resolvieron a través de la suspensión del juicio a prueba que contempla, entre otros puntos de reglas de conducta, el resarcimiento económico a la sociedad», explico el funcionario. «Un 5% de las causas ya se han podido resolver en ese sentido, con la meta que se planteó esta Unidad Fiscal, que es un plazo entre 60 y 90 días, teniendo en cuenta que es más factible resolverlos con los defensores particulares que con las defensas de la Defensoría Pública».
El fiscal explicó que las reglas de conducta que se les imponen a los imputados, además del resarcimiento económico, contemplan fijar domicilio por el plazo de un año,la abstención de consumir estupefacientes y alcohol y no cometer otros delitos.
En relación a como se fija el importe del resarcimiento, Ponce Asahad señaló que se fija teniendo en cuenta la capacidad parimonial de los imputados. «Ese monto recaudado se deposita en una cuenta judicial y luego se ditribuirá entre instituciones de salud»
