Se les dictó prisión preventiva para varias personas que habrían organizado los asesinatos bajo las órdenes de presos de alto perfil, como Esteban Lindor Alvarado. Los sicarios cobraron entre 200 y 400 mil pesos por los asesinatos.
El Gobierno de Santa Fe construirá cuatro pabellones en el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800. Los mismos totalizarán 160 celdas, con capacidad para alojar a 320 presos. La obra comenzaría en junio y finalizaría en marzo del año que viene.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro brindó una conferencia de prensa junto con Patricia Bullrich para analizar las acciones llevadas adelante para reforzar la seguridad en la provincia. “Las decisiones son inquebrantables”, afirmó.
“Se están adoptando medidas para poner hasta el último recurso policial en calle. Se coordina con fuerzas federales una nueva división en zonas, con un nuevo esquema operativo reforzado”, expresó el ministro de Seguridad de Santa Fe en una conferencia de prensa.
Ciudadanos inocentes son las víctimas del narcotráfico y rehenes de una disputa con la dirigencia política. La ciudad vive momentos de extrema tensión, con servicios paralizados.
El gobernador de Santa Fe también adelantó que en la reunión paritaria con los gremios propondrán un aumento salarial que esté en proporción al “incremento de los recursos”, porque es lo que la provincia “puede pagar”.
El encuentro entre el gobernador de Santa Fe y Horacio Rosatti tuvo por objetivo complementar la adhesión de la provincia a la Ley de Narcomenudeo e impulsar el sistema acusatorio de la justicia federal santafesina.
La nación se encuentra sumergida en ola de violencia vinculada al narcotráfico. Varios prófugos y mega operativos de persecución por aire y tierra.
El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, instruyó a la secretarías que tiene a su cargo para que profundicen los controles en las cárceles y en la vía pública, donde habrá todo tipo de controles en forma indiscriminada.
En actos que tuvieron lugar este lunes, se oficializaron no solo a los nuevos jefes policiales, sino también a los directores de las cárceles santafesinas y a otros cargos dentro de la fuerza.
Los diputados santafesinos Matilde Bruera y Carlos del Frade cuestionaron los resultados que la ley de narcomenudeo –que permite que las justicias provinciales intervengan en causas vinculadas al consumo de drogas– tuvo en los distritos que la aplicaron, y aseguraron que la misma no controla el lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes y facilita el vínculo entre las bandas y la policía.
Quienes padecen doblemente la criminalización del encierro, pugnan por reconstruirse exigiendo políticas que por derecho constitucional les corresponden. “Afuera no nos espera un trabajo, no nos espera un subsidio para focalizarlo en un emprendimiento, no nos espera nada”, le dijo a Conclusión Milagros.