Tras el golpe de Estado dado el 1º de febrero de este año a la líder civil y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, el gobierno de facto reprimió las protestas sociales y dejaron un saldo de 860 muertos civiles, entre ellos mujeres y niños, y más de 6.400 detenidos.
Los analistas critican el hecho al considerarlo un “espectáculo únicamente motivado por razones políticas”. La ex dirigente sólo fue autorizada a reunirse con su equipo jurídico en dos ocasiones. Y cada encuentro tuvo que durar menos de media hora.
Pesa sobre ella la acusación de haber cobrado “600.000 dólares y varios kilos de oro” del ex ministro Phyo Min Thein. Además se enfrenta a otros cargos que van desde posesión ilegal de walkie-talkies hasta incitación a los disturbios públicos y violación de una ley sobre los secretos de Estado.
Los combates han estallado a diario en el norte de la ex Birmania, en territorio controlado por la Organización por la Independencia de Kachín, que representa a la minoría kachín, y en el este del país con la Unión Nacional de Karen, que representa a la etnia karen.
Entre los caídos en las protestas hay numerosos estudiantes y adolescentes, según informó la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos. Algunos sectores rebeldes advirtieron que de seguir este estado de situación colaborarán con los manifestantes para "tomar represalias" contra la junta militar.
Después de que este fin de semana se produjera la matanza de manifestantes prodemocracia, la más grande desde que los militares dieron el golpe de Estado el 1 de febrero, escaló la condena internacional sobre el Gobierno de facto.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi, las protestas diarias han sido reprimidas violentamente por la junta militar en el poder, pese a la presión y las sanciones internacionales.
Desde la madrugada, enormes embotellamientos con vehículos abarrotados se observaban las principales arterias de Yangón, capital económica del país, por el éxodo de personas que buscan escapar de la represión impuesta en varios sectores de esa ciudad de cinco millones de habitantes, bajo ley marcial, según imágenes divulgadas por un medio local.
La capital económica del país asiático se ve envuelta en un baño de sangre propiciado por el Gobierno militar que tomó de facto el poder el 1 de febrero. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, acusó al ejército birmano de reprimir "brutalmente" a los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado.
El país está sumido en el caos desde el golpe de Estado que supuso la destitución de Suu Kyi, quien se encuentra detenida y acusada de varios cargos penales, entre ellos el de poseer transmisores (walkie talkies) sin licencia y el de violar las restricciones impuestas por el coronavirus.
Las fuerzas de seguridad de la ex Birmania volvieron a reprimir a pesar del llamado del Consejo de Seguridad de la ONU a abandonar el uso de la fuerza contra los manifestantes.
Los bancos, comercios y fábricas permanecieron cerrados tras el llamado de los sindicatos a reforzar la protesta. Nueve importantes federaciones llamaron a "detener por completo y de forma prolongada la economía" a partir de este lunes.