La CGT le llevó a Massa el reclamo por las obras sociales y por la suma fija para los trabajadores
La delegación de la organización gremial estuvo encabezada por Pablo Moyano y por Omar Pérez, dirigente de la Federación de Trabajadores Camioneros, Mario Manrique de Smata, Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, Omar Plaini del sindicato de Canillitas y Pablo Flores de AFIP.
La Confederación General del Trabajo (CGT) le acercó este miércoles al ministro de Economía, Sergio Massa, una serie de pedidos referidos a las deudas con obras sociales, al pago de una suma fija a los trabajadores para paliar la inflación, y al impacto del impuesto a las Ganancias.
Pero acuciado por un gasto público que no admite más desvíos, el jefe del Palacio de Hacienda tomó nota, prometió estudiar los reclamos y eventualmente dar una respuesta.
La delegación de la CGT estuvo encabezada por Pablo Moyano, quien estuvo acompañado por Omar Pérez, dirigente de la Federación de Trabajadores Camioneros, Mario Manrique de Smata, Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, Omar Plaini del sindicato de Canillitas y Pablo Flores de AFIP.
Según trascendió, Moyano puso énfasis en que el Gobierno dicte por decreto el pago de una suma fija para todos los trabajadores, medida que no es bien vista en el Palacio de Hacienda dado que complicaría las conversaciones que se están manteniendo con empresarios para controlar la inflación y las importaciones, entre otros temas.
Otro punto que estuvo en la mesa de discusión es el dinero que el Estado nacional le adeuda a las obras sociales sindicales.
Massa tiene la intención de girarle a las obras sociales unos 21 mil millones de pesos en los próximos cuatro meses que están retenidos en la Superintendencia de Salud desde la conducción de Martín Guzmán.
La discusión por las partidas que el Estado les adeuda tiene como trasfondo el financiamiento de las enfermedades de alta complejidad y la atención de discapacidades.
La propuesta de Massa es que el presupuesto 2023 contenga una partida especial para el financiamiento de esos gastos pero diferentes sectores sociales se oponen a que esas prestaciones dependan de las arcas estatales.
El sindicalismo busca quitarse de encima estas obligaciones debido a su alto costo que, según calculan podría ascender a 50 mil millones de pesos a fin de 2022.