Juego clandestino: condenaron a un ex comisario por ser parte de la asociación ilícita
Además, una mujer fue condenada como parte de la banda que exigía dinero a empresarios aduciendo una relación con Ariel Máximo Cantero.
Un ex director de la Policía de Santa Fe fue condenado en el marco de la causa por pertenecer a una organización que administraba casas de juego ilegal. Además, en la misma causa se condenó a una mujer por formar parte de la misma organización delictiva, que realizaba extorsiones asegurando mantener vínculos con el líder de Los Monos Ariel Máximo Cantero.
Alejandro Alberto Torrisi fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una reparación económica a título de multa por el monto de $270 mil pesos por los delitos de Asociación ilícita en calidad de integrante y en grado consumado; en concurso real con organización y explotación de salas de juego clandestino y tenencia de arma de fuego de guerra.
El rol de Alejandro Alberto Torrisi en su calidad de ex Director de la Policía de la Provincia de Santa Fe era el encargado de brindar auxilio a los integrantes de la organización cuando estos eran detenidos.
El 9 de enero de 2020 en oportunidad de la detención de dos personas vinculadas a ellos, es contactado por Leonardo P., para que se comunique con Maximiliano D, a los fines de procurar dar algún beneficio ilícito de la organización a estas personas que habían sido detenidas.
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En su carácter de policía retirado gestionó ante la comisaría 21 beneficios para lograr la liberación de los detenidos ese día cuando se disponían a realizar un atentado contra el casino City Center Rosario. Era el encargado de administrar negocios ilícitos relacionados al juego clandestino.
Además Torrisi administraba por sí o a través de terceros un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización; dicho sistema funcionaba en la casa ubicada en Comandante Espora al 200 de la localidad de Villa Gobernador Gálvez al menos hasta el 20 de julio de 2020. Este sistema de juego consistía en nueve computadoras donde corría un software de juegos de azar a cambio de dinero.
Asimismo se le imputa tener una pistola Sig Sauer calibre 9mm sin la debida autorización legal en el interior de su camioneta Ford Ranger y una escopeta marca Magtech modelo 586, una pistola Bersa y un revólver de 6 alvéolos calibre 32 largo en el domicilio de Calle Dorrego 1300 de la localidad de Funes.
Otra condena
Flavia Rocío Broin fue condenada a la pena de tres años de prisión condicional, el pago de $30 mil pesos como reparación económica hacia una víctima y reglas de conducta por los delitos de Asociación ilícita en calidad de integrante en grado de autor; Extorsión en calidad de partícipe secundario, en grado consumado. El juez de Primera Instancia Alejandro Negroni resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa.
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Los Fiscales Paolicelli, Edery y Schiappa Pietra le atribuyeron a Flavia Broin conformar conjuntamente con otras personas una asociación ilícita que tenía como objetivo obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando un vínculo que mantendría el organizador con Ariel Máximo Cantero como medio para intimidar a las víctimas, siendo que esas maniobras involucraron a la asociación ilícita en la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados “casinos” ilegales.
Estructura
La asociación ilícita contaba con la siguiente estructura: el organizador de la misma fue Maximiliano D. En carácter de integrantes de la misma se encuentran varios grupos de personas: uno comunicaba mensajes intimidatorios a las víctimas presentándose directamente ante las personas o mandando mensajes mediante dispositivos electrónicos. Un segundo grupo de personas se encargaba de llevar a cabo los hechos intimidatorios contra la integridad física de las ocasionales víctimas.
Un tercer grupo de personas se encargaba de administrar el dinero obtenido de forma ilícita y hacerlo circular. Finalmente la asociación contaba con un cuarto grupo que tuvo como tarea involucrarla en los negocios ilegales de “quiniela” clandestina y casinos ilegales. Además los miembros de este grupo prestaban colaboración para obtener cobertura institucional en agencias policiales y/o judiciales a los integrantes de la misma.
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El rol de Flavia Rocío Broin era el del manejo del dinero recaudado con las maniobras extorsivas. Se presenta en el comercio de una de las víctimas a retirar el dinero de las extorsiones. Bajo las órdenes de Maximiliano D. retira los pagos a los casinos clandestinos que le pertenecen a él y le informa de la marcha del “negocio”.
Flavia Broin, junto a José Sebastian P. , Brian Ezequiel D., Maximiliano Damian D., Mariano Hernán R. (ya imputados), actuando de forma conjunta, bajo el mismo plan y adoptando diferentes roles, obligan al dueño de un bar a entregar dinero, invocando que se trataba de un pedido de “Guille Cantero”.
Esto ocurrió desde el 2 de mayo del 2019 hasta al menos el 13 de enero de 2020. Así, en el mes de abril de 2019 una persona no identificada se presentó en el bar de Calle San Martín al 1600 de Rosario y le dijo a su dueño que pertenecía a la banda denominada “Los Monos” y le exigía dinero para seguir funcionando.
A partir de ese momento se llevaron a cabo encuentros y conversaciones entre la víctima, Maximiliano D. y José P. para definir el monto a pagar por mes a cambio de poder trabajar sin inconvenientes. Dichas reuniones se celebraron durante abril y mayo de 2019 en el bar de calle Pellegrini 1600, propiedad de Mariano R. quién además formó parte de los encuentros.
De tal manera hasta mayo de 2020 la víctima entregó sumas de dinero en varias oportunidades; mientras que Flavia Broin cumplía las ordenes de Maximiliano D. y se apersonaba en el bar y retiraba el dinero de las víctimas.
Broin deberá entonces, fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria, abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas, adoptar oficio, arte, industria o profesión en el plazo de tres meses, y el pago de una reparación económica a la víctima por la suma de $30 mil pesos.