Cuando la discusión sobre el Covid-19 atraviesa los muros de las cárceles argentinas

Por Alejandro Maidana

“Dos castigos que no debe sufrir un ser humano, son el exilio y el encierro” . Luis Gabriel Carrillo Navas 

Las cárceles, el depósito de un pobrerío que sigue gritando con lo poco que le queda de esperanzas, la imperiosa necesidad de abrazar derechos básicos vulnerados desde la cuna. El encierro y su telaraña, un castigo que solo puede acercar una tranquilidad ficticia y deshumanizante.

Un verdadero gueto que solo sirve para <equilibrar> un termómetro social que solo eleva su temperatura, cuándo los que <pierden> son los de abajo. En ese marco, es preciso profundizar sobre lo sistémico y perverso del cuadro de situación que nos envuelve e interpela una vez más.

Cinco personas perdieron su vida en distintos motines originados días atrás, la bandera de los reclamos tenía su anclaje en solicitar mayores medidas de seguridad e higiene por temor al Coronavirus​. Solo deberían estar privados de su libertad, aquella que supuestamente hipotecaron por la comisión de un delito. Pero dentro de un penal, el acceso a los derechos básicos sigue brillando por su ausencia, al igual que cuando tuvo la oportunidad de decir presente en el afuera, en esa barriadas populares vulneradas hasta la médula.

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Para conocer en profundidad el posicionamiento de aquellos que apuestan a la transformación utilizando distintas herramientas educacionales, laborales y culturales, Conclusión dialogó con María Chiponi, Directora Socioeducativa en contexto de encierro del área de DDHH de la UNR.

“Nosotros formamos parte de la Red Nacional de Universidades que trabajamos en contexto de encierro con una perspectiva de derechos, particularmente en la ciudad trabajamos en la Dirección Socioeducativa en contexto de encierro que depende del área de DDHH de la Universidad Nacional de Rosario. Nos movemos en una línea que nos permite pensar distintas estrategias y dispositivos que posibiliten ampliar los derechos educativos, laborales y culturales de las personas que se encuentran detenidas en las distintas cárceles del sur de la provincia”, indicó.

La activación con la Mesa Interuniversitaria Nacional, empujó a coordinar un documento debido a la incertidumbre que reina en estos momentos paradigmáticos. “El avance del Coronavirus junto a las particularidades de la cárcel, nos puso en el camino de la elaboración de un documento para lograr un posicionamiento público. El hacinamiento, la superpoblación y la garantía de los derechos básicos, si bien es algo que viene previamente a esto, nos invita a pensar qué tipo de política sanitaria se estaban llevando adelante previo a la irrupción del Covid-19”.

La necesidad de pensar comunicaciones efectivas en un momento de suma tensión, “se deben garantizar las mismas para que las personas detenidas accedan a esa información para prevenir el avance de este virus, pero también se abre una paradoja de cómo impulsar el confinamiento dentro de otro, donde conviven en un mismo pabellón muchísimas personas”, sostuvo.

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Crece la incertidumbre al ritmo de una pandemia que avanza de manera sostenida. “La preocupación es creciente y se potencia si tomamos como referencia las cinco muertes sucedidas en los Penales de Coronda y Las Flores. Es por ello que a todos los actores que venimos trabajando, nos parece de suma importancia poner en agenda mediática, política y ciudadana esta cuestión. Es preciso destacar que esta problemática no solo podría impactar en la población carcelaria, sino en todo el personal que cotidianamente trabaja en las cárceles”.

La insistencia en la prevención como punto de partida. “La situación es compleja, ya se pudo interponer un Habeas Corpus por parte de la defensoría provincial con una disposición de la jueza Luna, en relación a la preocupación que manifestó el Servicio Público de la Defensa Penal, luego de la inspección de las distintas unidades y en torno a cómo deben garantizarse la limpieza, la provisión de productos para higiene personal y de los espacios cotidianos. A esto habría que sumarle los controles médicos y la necesidad de contar con espacios de aislamiento propicio en caso de presentar síntomas, en definitiva, dispositivos de emergencia”.

Una realidad que se vuelve más oscura con la interrupción de las trayectorias, “se han interrumpido las salidas transitorias, no hay visitas, no hay escuela, no hay trabajo, no hay espacios de recreación ni deportivos, lo que claramente genera un impacto que nos empuja a  repensar de manera medular los distintos escenarios que pueden avecinarse”, enfatizó.

Preguntas que ya tienen una respuesta, “lamentablemente la incertidumbre tiene fundamentos de sobra, ya que las personas en situación de encierro pertenecen a los sectores populares, y el grado de vulnerabilidad de sus derechos previo a la aparición de este virus no venían siendo garantizados. Por eso nos parece que acá hay una mirada sanitaria muy importante, además de como las políticas penitenciarias llevan adelante la prevención para la no propagación del virus”.

Una población carcelaria ligada a la exclusión sistemática que sufren los sectores populares, varones que no superan los 35 años de edad y que hoy ven como nuevamente sus proyectos vuelven a quedar truncos. “La situación de aquellos que se encuentran privados de su libertad, es muchísimo más compleja que la que debe afrontar la sociedad en su conjunto en esta actualidad de crisis sanitaria. La superpoblación que empuja a una convivencia cotidiana, debe generar una contención sanitaria ajustada a las recomendaciones que persiguen la no propagación de este virus”.

Por último María Chiponi agregó: “El objetivo es poder desde nuestras universidades poner en escena el rol político que asumimos como trabajadores de la educación pública, no solo en las investigaciones, sino en la producción de conocimientos. Es menester que todos aquellos actores sociales que intervenimos en la cárcel podamos ponernos en discusión para pensar en las estrategias de trabajo, en esta urgencia, pero siempre con una mirada propositiva en relación a las políticas que garanticen los derechos de las personas detenidas”.

La necesidad de un sinceramiento en torno a qué tipo de políticas se requiere para poder brindarles a los privados de su libertad en su pos encierro, un proyecto alternativo de vida. Un proyecto que les facilite el camino para poder vincularse de una manera distinta a aquella que los llevó a la prisión. Es por ello que resulta imprescindible  la lucha por la conservación de los derechos básicos en el encierro, como la proyección posible de vida luego del abandono de los días intramuros.

Foto de portada: La Tinta