Un informe califica de “violencia institucional” al caso de Kiki

Por Guido Brunet

Un informe sobre la actualidad de Kiki determinó que el niño sufrió “violencia institucional” y que “las consecuencias podrían ser muy graves”. Así lo expuso un documento del Servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe en relación al nene que luego de dos años de vivir junto a una familia solidaria fue asignado a un nuevo matrimonio para su cuidado.

“El informe habla del daño que le produce la violencia institucional a Kiki, y de las consecuencias de esto, porque se lo privó de su familia”, relata Sergio Gigliotti a Conclusión, quien reclama la adopción del niño junto a su esposa Cristina Morla.

“Se interrumpió el vínculo y se lo apartó de su familia. Primero de su mamá y después de nosotros. Por eso, el informe marca que no tiene una pertenencia a ningún lado”, describió Sergio.

“El desarrollo evolutivo es veloz a su edad y no hay vuelta atrás, no se va a repetir. Va a tener problemas para relacionarse con su entorno y su familia porque va a entender que no puede tener una relación permanente”, manifestó Sergio con respecto al informe de los profesionales de la salud.

En el mismo sentido, desde la Sociedad de Pediatría hablaron del daño que podría ocasionarle a Kiki esta situación en el futuro.

“Va a tener problemas para relacionarse con su entorno y su familia”

En tanto, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación consignó “la importancia de garantizar al niño un lugar estable y de satisfacer sus necesidades básicas y un vínculo continuo y seguro con sus acogedores, siendo la permanencia un objetivo esencial”.

A su vez, el encargado del estamento, Juan José Bockel, en la resolución se apoyó en tratados internacionales, donde el interés superior está puesto es el bienestar del niño.

El matrimonio le otorga gran relevancia a esta resolución, ya que será incluida en el expediente de la adopción. Al tiempo que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe presentó una medida cautelar, que fue rechazada y luego fue apelada.

“La ley dice que el niño tiene que tener un hogar estable y satisfacer sus necesidades básicas. Y se recomienda no romper el vínculo con sus acogedores, que somos nosotros”, indicó Gigliotti.

“En el momento de definir la adopción definitiva de Kiki la Justicia tiene que entender que el nene ya tenía un hogar estable y un vínculo con nosotros”, afirma Gigliotti. “Hay que respetar los derechos de Kiki y aquí no se les está respetando, no les importa el daño que están produciendo”, enfatizó.

“Alguien tiene que hacerse responsable del daño a Kiki”, disparó Gigliotti. “Hay responsabildiad compartida de la secretaria de Niñez porque se olvidó de Kiki durante dos años, la Justicia de Familia porque no le recordó a la Subsecretaria de la situación, y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe porque es el contralor para que esto funcione. Y dados los resultados se ve que no hizo el trabajo bien o no tiene autoridad para que se los tome en cuenta”.

“Alguien tiene que hacerse responsable del daño a Kiki”

Por otra parte, existe un pedido de nulidad por parte del abogado del niño. “Kiki es un sujeto de derecho y tiene que ser representado. No se están respetando sus derechos”, sentenció Giglioti. Pero la Justicia de familia de Santa Fe recusó al abogado del niño, y no lo dejó actuar argumentando que no se trata de una situación conflictiva.

“Es una situación conflictiva porque Kiki nos reconoce a nosotros como su familia y no lo dejan estar con nosotros. Al margen, la Constitución no habla de la situación, dice que todo niño tiene derecho a un abogado”, reclamó Sergio.

Cristina Morla y Sergio Gigliotti, como parte del programa Familias Sustitutas cuidaron por dos años a “Kiki” y tras ese período debieron restituirlo a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que lo entregó a una nueva familia.

El objetivo en un primer momento fue unirlo a su pequeño hermano, pero hasta el momento esto no se efectivizó. Desde que fueron separados del niño, el matrimonio lleva adelante una cruzada para poder adoptarlo.

Desde la cartera alegan que el programa tiene un límite de seis meses, pero se puede extender y que el acogimiento es temporal sin fines adoptivos hasta que el niño se restituya con su familia o sea adoptado por otra familia junto a sus hermanos.

Por otra parte, el matrimonio Gigliotti-Morla asegura que nunca se negó a la revinculación del nene con su hermanito. Y en este momento, realizan acciones en lo civil para adoptar al niño.