LUNES, 02 DE DIC

La CGT y la CTAA responden a la intimación y persecución política del Gobierno a gremios: «No condicionará al movimiento obrero»

Las gremiales consideraron la acción del Ministerio de Seguridad como una "afrenta ilegítima y contraria a la Constitución" que "expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento".

 

Tanto la CGT como la CTAA respondieron este jueves a la intimación y a la persecución política del Gobierno, a las distintas organizaciones gremiales por las protestas de diciembre contra el DNU de desregulación económica y advirtió que esa medida «no condicionará al movimiento obrero organizado».

«La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga», sostuvo la central obrera en un comunicado.

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Por otra parte, la CTA Autónoma informó:  «A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTAA, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales a pagar multas de 56.760.282 pesos y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre», afirmó.

Luego en un documento gremial sostuvo que «esas penas o supuestos ‘pagos solidarios’ son actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei, que procura sostener una norma inconstitucional, además de pretender atribuir a los trabajadores un delito no cometido, porque solo ejercen su derecho constitucional a la protesta», puntualizó.

La central obrera, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, La CTAA, que colideran el estatal Hugo Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro (visitadores médicos) y Mariana Mandakovic (universitarios), consideraron esa acción del Ministerio de Seguridad como una «afrenta ilegítima y contraria a la Constitución» que «expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento».

Los telegramas oficiales fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.

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En esa línea la central obrera también ratificó el paro y movilización hacia el Congreso del 24 de este mes en rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus, a través de los cuales «el presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho», concluyó.

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