Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra once personas (nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos) de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.

El “trolling” (ciberataques) y las agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.

En el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, la entidad se centró en analizar las cuentas de diferentes periodistas del país, entre los cuales está el rosarino Reynaldo Sietecase. Además, se investigaron las cuentas de Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O’Donnell,, Romina Manguel, Marcelo Lomgobardi, Ernesto Tenenbaum, Nelson Castro, Carlos Pagni, Adolfo Perez Esquivel y Mariela Belski.

 

En ese sentido, se analizó un volumen importante de tweets (354.000) correspondiente al lapso del 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En este período la agenda pública de la Argentina estaba concentrada en diversos temas de DDHH y justicia.

El método utilizado para los ataques combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares.

En algunos de los casos que el informe documenta, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difundieron información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El objetivo de las cibertropas es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas analizadas durante el recorte temporal del informe. Así, por ejemplo, quien agrede lo hace hacia varias de las personalidades analizadas.

Son más de 100 las cuentas cuyos nombres de usuarios corresponden a una serie alfanumérica y que tienen participación en las actividades de inhibición de periodistas y defensores de DDHH en el lapso relevado.