Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy con su idea de armar al 10% de los profesores de su país como solución a los ataques armados en escuelas, el gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que destinará 500 millones de dólares para mejorar la seguridad escolar y la salud mental para tratar de evitar esos hechos e insistió con aumentar la edad mínima para comprar armas.
Según Trump, si su propuesta de armar a los docentes hubiera estado activa la semana pasada, cuando un joven de 19 años mató a 17 personas en una escuela de Parkland, Florida, «un profesor le habría llenado de tiros antes de que pudiera reaccionar».
En un discurso bastante improvisado ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran evento anual de la derecha estadounidense, Trump mostró su frustración por el rechazo que ha generado en varios sectores de la sociedad del país su propuesta de que algunos profesores lleven armas de forma oculta.
«Hay gente que es buena gente que se opone a ello. No les gusta la idea de que los profesores lo hagan», afirmó Trump, pero subrayó que no son «todos los profesores», y que no quiere que «una persona que nunca ha manejado un arma y no sabe ni qué es esté armada», destaca un despacho de la agencia EFE.
«Pero dentro del total de profesionales de la enseñanza, tienes un 10%, un 20% de gente muy experta» en las armas, «gente militar, gente de agencias de seguridad, que da clase», indicó.
«Estos maestros aman a sus estudiantes, y tienen talento con las armas», subrayó Trump, y dijo que prefiere que los profesores las lleven ocultas a que haya «cien guardias con rifles por todo el colegio».
La idea de armar a los profesores ha suscitado el rechazo de grupos que abogan por un mayor control de armas y de la principal agrupación política de educadores estadounidenses, la Asociación Nacional de Educación (NEA), que opina que los maestros «deben centrarse en enseñar».
Trump subrayó además que es necesario «fortalecer el sistema de verificación de antecedentes» criminales para los compradores potenciales de armas, y ser «muy firmes» a la hora de impedir que «los enfermos mentales tengan ningún tipo de armas».
Por otra parte, Trump dijo el Congreso estadounidense «va a conseguir esta vez» aprobar medidas para prevenir los tiroteos en las escuelas, al asegurar que ahora «tienen un líder diferente, alguien que quiere hacer las cosas y que no solamente habla», en aparente referencia al ex presidente Barack Obama.
Por su parte, el gobernador de Florida, Scott, dijo al anunciar su plan de acción en un comunicado que lamentablemente «ningún plan podrá devolver las diecisiete vidas que fueron truncadas y todas las esperanzas y sueños que fueron arruinados».
«Sé que hay algunos que abogan por retirar la Segunda Enmienda -de la Constitución estadounidense, que es la que consagra el derecho a armarse-. Esa no es la respuesta», afirmó Scott, quien se mostró convencido de que la solución pasa por «mantener las armas lejos de las personas peligrosas y con problemas mentales».
El plan anunciado por Scott, que fija la edad mínima de 21 años para comprar armas, prevé además que los profesores reciban un completo entrenamiento en el uso de armas bajo la supervisión de los diferentes departamentos de la Policía.
Sin embargo, el plan no contempla la prohibición de venta de armas semiautomáticas como el rifle de asalto que el autor de la matanza de Parkland utilizó.
El plan impulsado por Scott se divide en tres partes: leyes de armas, seguridad escolar y salud mental.
Una prioridad para el gobernador es implementar a través del programa «Orden de Restricción de Amenazas Violentas» una serie de medidas por las que resulte «virtualmente imposible a persona con problemas mentales tener un arma».
El programa servirá para que un tribunal «prohíba a personas violentas o mentalmente enfermas comprar o poseer un arma de fuego».
Un requisito para que este tipo de prohibición se concrete es que un familiar, un «experto en bienestar comunitario o un agente del orden presente una «solicitud jurada y pruebas ante un tribunal» sobre la persona potencialmente peligrosa.
Además, se exigirá que todas las personas que compren armas de fuego hayan cumplido al menos 21 años (actualmente son 18 años), un punto que enfatizó el gobernador.
También se prohibirá que una persona posea o compre un arma «si está sujeta a una orden judicial para protección contra el acoso predador» a través de tecnologías de comunicación, violencia entre parejas, sexual o doméstica.
También se incrementarán las condenas para los delitos por amenazas con armas de fuego en los colegios y en las redes sociales.
La segunda parte del plan prevé destinar 450 millones de dólares para la seguridad de los estudiantes, con la presencia permanente de policías en el campus durante los horarios de clase.
El gasto total previsto es 500 millones de dólares.
