Cientos de solicitantes de asilo se negaron a dejar un campamento de detención gestionado por Australia en la isla de Papúa Nueva Guinea y cerrado el martes por las autoridades, pese a los cortes en el abastecimiento de víveres, agua y electricidad. El personal del campo de retención de la isla de Manus dejó el lugar, pero un migrante contó que los detenidos se habían encerrado, temerosos de lo que podría sucederles si salían.
Canberra dirige una política dura respecto a los migrantes que tratan de alcanzar sus costas de forma irregular, confinándolos en campos en Manus o en el microestado insular de Nauru.
Australia justifica su política evocando la lucha contra las bandas de pasadores y la necesidad de disuadir a los migrantes -procedentes de Irán, Irak, Somalia o Afganistán en su mayoría- de embarcarse en la peligrosa travesía hacia sus orillas.
El país no acepta ningún refugiado del mar en su territorio, ni siquiera aquellos que cumplen con los criterios del derecho al asilo. Los defensores de los Derechos Humanos llevan años reclamando el cierre de esos campos, denunciando los graves problemas psicológicos de los detenidos, los intentos de autolesión y de suicidio.
La Justicia de Papúa Nueva Guinea falló el año pasado que la detención de refugiados en Manus y Canberra era anticonstitucional y aceptó cerrar el campo, en el que se encuentran más de 600 personas, antes del fin de octubre.
Las autoridades les instaron a trasladarse a tres centros «de transición», también en Manus. El ejército de Papúa Nueva Guinea deberá tomar el control del campamento a partir de ahora.
Pero muchos detenidos se encerraron en el campamento, mientras que los medios informaron de la hostilidad de la población local a su encuentro.
«Los refugiados se muestran intransigentes y rechazan salir del centro. Tienen miedo pero rehúsan irse», declaró en Twitter uno de ellos, Behruz Boochani, iraní. Algunos refugiados declararon que los lugareños habían empezado a saquear el campamento ante la mirada impasible de las autoridades papúes.
El ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton, recalcó que los solicitantes de asilo no eran bienvenidos en Australia. Fueron informados de «que había lugares alternativos, seguros, en los que se mantendrán los servicios de salud y otros», declaró en un comunicado e insistió en que «jamás se reubicará a ningún migrante aquí».
Los defensores de los derechos aducen que los centros de transición no constituyen lugares seguros y que los refugiados se hallan indefensos frente a unos habitantes agresivos. «Son vulnerables a los ataques de los habitantes. Ya hemos tenido numerosas víctimas a causa de este tipo de ataques», dijo Ian Rintoul, activista de Derechos Humanos.
Rintoul afirmó que habían interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo papú para impedir el cierre del campamento y exigir que se restablezca el agua y la electricidad. Además, aseguró que existe un «miedo real» a que el ejército sea autorizado a emplear la fuerza contra los migrantes.
