En la mañana de este viernes se desarrolló la audiencia donde la provincia de Santa Fe presentó los argumentos para constituirse como querellante en la megacausa por estafas y lavado de dinero que investiga el fiscal Sebastián Narvaja y que involucra a once empresarios y profesionales de la ciudad.
Luego de una extensa jornada, la jueza Mónica Lamperti dará a conocer su resolución el próximo miércoles, respecto de la solicitud que presentó el Estado provincial. En cuanto a la presentación del empresario por el mismo trámite, la audiencia comenzó pasadas las 15.
La causa investiga a empresarios, contadores, abogados y sindicalistas por apropiarse de forma ilícita varios inmuebles.
El gobernador Miguel Lifschitz había expresado oportunamente que luego de conocerse la investigación sobre reconocidos empresarios de la ciudad y profesionales, lo delitos que les fueron imputados como asociación ilícita “afectan el orden público y vulneraron la fe pública al falsificar documentos públicos”. Además consideró que “afectó el orden financiero por el lavado de activos de origen ilícito”.
La jueza Lamperti deberá también resolver la solicitud del empresario Juan Marcelo Ignacio Borghi, que integra la inmobiliaria Gilli, quien también solicitó ser parte de la querella.
Borghi está apuntado por la Fiscalía como “comprador de buena fe” del campo de 124 hectáreas ubicado en Villa Amelia que pertenecía a Ana Josegina Luppi, viuda del ex camarista Navarro.
Los imputados en la causa está acusados de conformar una asociación ilícita que a partir de falsos poderes se apropiaban de distintas propiedades que colocaban en el circuito ilegal a través de actividades lícitas. Según la teoría de los fiscales, se organizaban en células donde cada una cumplía una función específica.
