Por Ariana Robles
La megacausa por estafas inmobiliarias que lleva adelante la fiscalía de delitos económicos a cargo de Sebastián Narvaja trabó embargo a los diez acusados por un total de 240 millones de pesos. Por tal motivo, mañana se reanudará la audiencia con la revisión de las medidas de prisión contra los diez detenidos el jueves pasado y la imputación de Pablo Abdala, gerente del diario La Capital, quien se sumó más tarde al proceso porque se encontraba afuera del país.
Asimismo, a pesar de que los 11 detenidos ofrecieron fianzas millonarias para evitar pasar detenidos el fin de semana, no pudieron evitarlo, ya que la Fiscalía tiene embargos trabados por 240 millones de pesos.
Cabe remarcar que en la audiencia imputativa del viernes pasado, Narvaja acusó a los diez detenidos por asociación ilícita, estafa y lavado de activos, entre otros delitos. En relación a esto, la jornada pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, para tratar la prisión preventiva. Si el juez y el fiscal consideran que no existe peligrosidad procesal los imputados podrían seguir, bajo fianza, el proceso en libertad.
En este marco, el gobernador Miguel Lifschitz encabezó hoy al mediodía una conferencia de prensa en la provincia de Santa Fe en la que anunció que en el curso de la semana próxima la provincia de Santa Fe se convertirá en querellante de la causa en la que se investiga una presunta estafa inmobiliaria.
«La semana anterior se hicieron cierta cantidad de allanamientos en relación a causas de presunto lavado de dinero, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, donde entendemos que más allá de la gravedad de los hechos se han afectado bienes jurídicos que son tutelados y protegidos por la provincia», señaló el mandatario.
Asimismo, explicó que «también le cabe al gobierno de la provincia participar de este proceso en calidad de querellante, por eso le hemos dado al fiscal de Estado, Pablo Saccone, para que prepare la presentación».
Lifschitz dijo que entiende que con la maniobra delictiva investigada «se afecta el bien jurídico de propiedad porque estamos hablando de que presuntamente había personas que tenían determinados bienes podían haber sido burlados en su buena fe y haber perdido esa propiedad».
«También se afecta el orden público por la figura presunta de la asociación ilícita, se ha vulnerado la fe pública al falsificarse documentos públicos como son las escrituras y también se afecta el orden económico y financiero porque uno de los delitos que se imputa es de lavado de activos de origen ilícito», añadió.
Por último, indicó que la intención es «aportar elementos que puedan ser útiles para dilucidar lo más rápido posible estas causas y cumplir con nuestras responsabilidades».
Postura de los defensores
Según la acusación de Narvaja, la red delictiva, hasta ahora conformada por 11 detenidos y un prófugo, estaba estructurada como una red ramificada en células con capacidad de actuación autónoma, que mantenían un objetivo en común.
En ese sentido, para el fiscal hay dos posturas: por un lado, la ejecución de fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente y las inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa, para luego darles apariencia legal e introducirlas en el mercado pasándolas de mano en mano a través de ventas. Por otro, el grupo tenía la capacidad para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas y luego aplicarlos a operaciones con el fin de que adquirieran apariencia de licitud y obtener ganancias.
De acuerdo a esto, algunos de los abogados defensores objetaron la calificación legal, en especial el lavado de activos y la asociación ilícita, al igual que las relaciones que establece el fiscal entre algunos de los acusados con la banda Los Monos.
“Me parece una verdadera locura la relación que hace el fiscal con la banda Los Monos. A lo largo de esa causa jamás hubo una referencia a mi cliente ni a su esposa (en relación a Juan oberto Aymo y Ramona Isabel Rodríguez) y en esta investigación de estafas tampoco”, señaló Hugo Leguizamón.
En el mismo tono se expresó Carlos Varela, quien objetó que sus clientes estén detenidos sin necesidad ya que a su criterio no existe peligrosidad procesal y carecen de antecedentes penales. “Espero que todo se aclare y que la presión mediática no incida en la resolución de la causa. Que todo se resuelva conforme a las pautas procesales y a la ley”, dijo.
“Creemos que más allá de la eventual elucidación de la responsabilidades penales, es muy injusto que personas que carecen absolutamente de antecedentes penales no puedan transitar este proceso en libertad, y permanezcan detenidas con todo lo que eso implica, de imposible reparación posterior”.
