Malestar en el Palacio de Justicia. Los magistrados expresaron a través de un comunicado su malestar luego de las declaraciones vertidas por el gobernador Miguel Lifschitz tras conocerse la sentencia por el homicidio del ex líder de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero, en la que los acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda.
En este sentido, el Colegio de Jueces en lo Penal de Rosario, expresó que “ante las recientes declaraciones y comentarios emanados de autoridades del Poder Ejecutivo, alusivas a la función de juzgamiento que tienen sus miembros en directa relación a la labor de un tribunal oral como asimismo y las eventuales actuaciones de los jueces de segunda instancia, pone de manifiesto públicamente» lo siguiente:
“Dichas declaraciones resultan inapropiadas sin conocer los verdaderos fundamentos del fallo y en mayor medida mientras la sentencia está en proceso de elaboración, por lo que las mismas vulneran la prohibición de injerencia del Poder Ejecutivo en la actuación de los Tribunales de Justicia”, expresa la nota.
Y continúa: “Este tipo de expresiones, que además comprenden las alusiones al pronóstico futuro de la actuación de un tribunal de apelación, ni siquiera abocado al caso, configuran verdaderas amenazas para la independencia de los poderes, la imparcialidad del juzgador y las bases fundamentales de funcionamiento de un estado democrático, por lo que se rechazan por su improcedencia manifiesta”.
Los jueces, en cumplimiento de la ley (art. 3 Ley Nro.13018), deben: “…ejercer funciones libre de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia política, social, económica, por amistad, por grupos de presión, por el clamor público, por miedo a la crítica, por consideraciones de popularidad o notoriedad…”, resalta la carta.
“Los magistrados, como funcionarios públicos, estamos sometidos al control ciudadano como pilar fundamental del sistema republicano de gobierno y del propio sistema procesal penal, en tanto las decisiones se toman en audiencias públicas y orales, debiéndose por ende, sujetar las críticas a las circunstancias concretas del juicio y no meras intuiciones o apreciaciones personales; con más razón cuando ellas son emitidas por las superiores autoridades de un poder distinto del judicial y obligado constitucionalmente a no inmiscuirse en su ejercicio”, cerró el comunicado firmado por los jueces Carlos Alberto Carbone, Georgina Depetris, Gustavo Pérez de Urrechu y Luis Maria Caterina.
Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Delegación Zona Sur), también expresó su preocupación ante las manifestaciones vertidas desde el Poder Ejecutivo provincial con motivo del fallo emitido por el Tribunal Oral integrado por los magistrados Julio Kesuani, María Isabel Más Varela e Ismael Manfrín el pasado 29 de marzo.
En el mismo sentido que el Colegio de Jueces Penales, la organización gremial de todos los jueces de la 2ª circunscripción, manifestó: “Corresponde recordar que los contenidos de las decisiones judiciales se sustentan en la ley y en la prueba incorporada a los procesos, no siendo oportunas las valoraciones genéricas que no toman en cuenta tales elementos de fundamentación”.
“Asimismo, corresponde resguardar firmemente la independencia de los magistrados que aún tienen que emitir la argumentación del fallo como así también la de quienes han de intervenir en las instancias ulteriores”, concluyó el comunicado.
La respuesta de la Justicia
