La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) pidió hoy al presidente Daniel Ortega que acepte «formalmente» la propuesta de adelantar para marzo de 2019 las elecciones generales, a fin de facilitar el diálogo que está en suspenso y buscar una salida a la crisis de ese país, que ya deja al menos 212 muertos según el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
La CEN, mediadora del diálogo nacional, solicitó a Ortega que le «comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el jueves 7 de junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo de 2019».
En una carta publicada hoy, el Episcopado afirmó, citado por la agencia Efe, que la aceptación de esa proposición es «imprescindible para agilizar nuestra labor en favor de los nicaragüenses, sin excepción alguna».
Ortega mostró el pasado 13 de junio, en su respuesta a lo planteado por los obispos el día 7, su «disposición de escuchar una propuesta», y dijo que lo haría «dentro del marco constitucional, de las leyes que rigen el país», mismas que establecen que las elecciones presidenciales deben darse cada cinco años, es decir, hasta 2021.
La Iglesia nicaragüense emitió la carta en la que pide a Ortega que acepte formalmente el adelanto de las elecciones un día después de que los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a excepción de Venezuela y Bolivia, respaldaron un informe de la CIDH, que señala la responsabilidad del gobierno en la muerte de al menos 212 personas, 1.337 heridos y 507 personas privados de la libertad.
Estados Unidos también pidió ayer viernes al gobierno de Ortega, en esa reunión de la OEA, que convoque a elecciones «anticipadas y libres» para poner fin a la violencia desatada hace más de dos meses.
Nicaragua entró hoy sábado en el día 67 de la crisis sociopolítica más sangrienta que registra el país desde hace varias décadas.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
