Cuando el abogado Juan Pons llegó a trabajar esa mañana a la sede de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, algo no iba bien: dirigentes de ATE mantenían encerrado a un empleado a su cargo. Decidió interceder, para intentar destrabar la situación, pero horas después saldría en ambulancia y era trasladado de urgencia a Buenos Aires tras sufrir un infarto en medio de una improvisada asamblea de trabajadores.
Pons es subgerente de Asuntos Jurídicos de YCRT y a los 60 años le tocó vivir en carne propia la tensión que late en cada esquina de esta ciudad y de 28 de Noviembre, las dos localidades que viven en torno a la actividad del yacimiento minero hoy paralizado tras el anuncio de un esquema de ajustes, retiros voluntarios y más de 300 despidos.
El caso Pons fue el corolario de un mes de protestas violentas que incluyó las pintadas y la quema de colchones frente a la casa de los padres del interventor Omar Zeidán, pintaron con aerosol vehículos oficiales y particulares de gerentes de la empresa y vandalizaron varias viviendas.
