Por Aldo Battisacco – Desde Buenos Aires (Enviado especial)
El procurador penitenciario de a Nación, Francisco Mugnolo, brindó un informe anual de gestión en el Senado ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo y reveló que en el “sistema está en crisis” y que “en las cárceles argentinas hay tortura”.
El funcionario fue convocado a la última reunión del año y entregó a los parlamentarios un informe ejecutivo. En el documento se consignan estadísticas acerca de la realidad del sistema carcelario.
El Procurador puso especial énfasis en subrayar que de los problemas que atraviesa el sistema carcelario es la sobrepoblación. “El sistema está a punto de reventar”, enfatizó y consideró que este “es el verdadero problema”.
Por otra parte, destacó que el área a su cargo “es un organismo de derechos humanos” y ponderó haber creado un registro sobre casos de tortura carcelaria. “Somos el único país con un registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos”, indicó.
En función de ésta herramienta afirmó que “nos da respaldo a lo que decimos. Es decir que no inventamos cosas”, alegó.
Respecto del proyecto prometido por el ejecutivo para reformular el sistema carcelario argentino, Mugnolo informó que “no sabe si fue remitido al parlamento” pero reconoció que lo “han consultado”.
Y añadió: «Se trata de un modelo nuevo de la ley orgánica del servicio penitenciario que trae muchas modificaciones”, y pidió que, en caso de presentarse, se le dé pronto tratamiento.
En uno de los tramos de su disertación el Procurador advirtió: “En las cárceles argentinas hay tortura y yo sé que esto enoja a los penitenciarios y al gobierno de turno”, señaló.
Al abundar sobre el tema, describió que “la tortura no es sólo física”, también se da en forma psicológica y por “el comer mal, no tomar agua, y las cuestiones de salud”.
En relación a los recursos que dispone para dar atención a los apremios del servicio penitenciario, Mugnolo explicó que cuenta con un “equipo de intervención inmediata”, ante denuncias de tortura, con asistencia en 48 horas como máximo, en la que un médico constata las lesiones y también concurre un abogado.
“Alguna vez se creyó que sacando los datos de escena el problema se terminaba, pero se potenció”, contó a los presentes.
Por último, indicó con cautela a los gobernadores que quieren hacer cárceles que «no saben en qué lío se meten, en lo que cuesta mantenerla», y recomendó: «No estoy en contra que construya una cárcel pero siempre que esté para sustituir a otra, sino nos vamos a llenar de cárceles nuevas, viejas y del negocio de la cárcel”.
