«El aborto es un problema de salud pública que no se puede resolver con la punibilidad»

Por Florencia Vizzi

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud revelan que cada año ser realizan 22 millones de abortos inseguros.  Entre 330.000 y 500.000 de esas prácticas se realizan en la Argentina, número que es muy relativo por estar sujeto a una estadística de una práctica que en el país es clandestina. Esa misma estadística es la que da cuenta de que una de cada cinco mujeres que se practican un aborto clandestino mueren. Esa es la razón por la cual muchos consideran que el debate que se está dando en el Congreso de la Nación sobre la despenalización del aborto es histórico.

«Este proyecto lo que plantea es la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Nosotras consideramos al aborto como un derecho humano y a las mujeres como sujeto de pleno derecho» detalló a Conclusión  la doctora Raquel Tizziani, médica clínica y sexóloga y una de las titulares de la Cátedra: «El aborto como problema de salud” que se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tizziani es también integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Consultada sobre el proyecto que este martes comenzaron a debatir en Cámara de Diputados, entre otros ocho que han sido presentados, Tizziani explicó: «Es  un proyecto que se ha presentado ya siete veces, por lo cual ha sido madurado y discutido y pensado colectivamente y es el que más apoyo ha conseguido porque tiene 71 firmas». Y explicó:  «Lo que vivimos actualmente las mujeres, como sujeto de derecho, es una situación de discriminación en tanto y en cuanto no somos libres de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestra propia sexualidad. Se nos priva del ejercicio del derecho a la autonomía sobre nuestros propios cuerpos. Ese es un punto central de la ley».  «Por un lado, con una situación en la cual el aborto figura dentro del Código Penal. Se hace una criminalización selectiva, es un delito que sólo recae sobre las mujeres. Y por el otro lado, es importante señalar que el hecho de que el aborto esté penalizado no modifica la decisión de una mujer al momento de decidir la interrupción de un embarazo. Esto está estudiado en todos los países del mundo donde se legalizó el aborto, que habitualmente es hasta las 14 semanas, que es durante el período embrionario, en el cual no hay desarrollo de tipo fetal como habitualmente se dice, ni mucho menos otro tipo de palabras que se utilizan. La ley tiene que ver con esto, con la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena que posibilite ejercer plenamente los derechos. Es una gran deuda de la democracia para con las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva».

Punibilidad y respeto a las leyes

Raquel Tizziani reflexionó también sobre el contexto político en el que se da un debate que fue largamente negado y valoró el rol que tuvo la lucha del movimiento de mujeres en ese triunfo. «Esa lucha tiene una continuidad que trasciende a los gobiernos, o sea, nosotras venimos peleando y hemos logrado avances, y también se han dado retrocesos a lo largo de la historia. Y este tampoco va a ser un avance que va a concluir con la aprobación de una ley, se va a tener que promulgar, se va a tener que aprobar y la lucha continuará en lo cotidiano de nuestra vida. Nosotras entendemos que la sociedad o por lo menos el trabajo que ha hecho la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito en la sociedad a lo largo de estas décadas ha sido constante y permanente. Y así, con esa constancia, el movimiento de mujeres ha logrado instalar el debate social y esto es algo que se traduce, de alguna forma, en el ingreso de los proyectos a la legislatura. Lo que entendemos y tenemos en claro es que nuestra lucha trasciende los gobiernos».

Teniendo en cuenta el marco legal y penal en el que se lleva a cabo este debate, Tizziani también recordó que hay dos situaciones contempladas en el Código Penal en las cuales el aborto no es punible, y sin embargo, no se ha logrado un respeto de ese marco legal en muchos puntos del el país.

«En este momento  el aborto es no punible por dos causales. En el Código Penal está contemplado cuando hay riesgo de vida y de la salud de la madre y en caso de violación. En función de esto existe un protocolo nacional de atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que es del año 2015. Pero solamente ocho provincias argentinas han adherido a este protocolo y lo llevan adelante de manera relativamente fiel. El resto de las provincias tienen interpeladas cuestiones legales, recursos de amparo y medidas cautelares para no aplicar el protocolo, como es el caso de Córdoba. Y hay provincias que ni siquiera han adherido al protocolo ni han construido protocolos  alternativos al nacional, como el caso de Tucumán, Catamarca, Formosa, que son las provincias más complicadas en relación a los números que tienen en relación a la muerte materna, de mala cobertura de anticoncepción, mala adherencia a la ley de Educación Sexual Integral, porque no solo no se adhieren al protocolo sino que no se adhieren a un sistema de salud que planifique la garantía del derecho sexual reproductivo», detalló la médica. Y es en ese sentido que volvió a recalcar que no todo se soluciona con la aprobación de una ley. «Allí no va a terminar, vamos a tener que seguir peleando para lograr que se aplique, que se respete, que se reglamente».

Problema de salud pública

El pasado 27 de marzo, con la mira puesta en el debate sobre la despenalización del aborto, la cátedra del aborto ofreció entregar a los diputados material didáctico sobre la interrupción del embarazo y una suerte de capacitación que fuera útil a los diputados que iban a participar del debate. A pesar de que la asistencia de los legisladores no fue masiva, Tizziani valoró a la actividad como «muy productiva». «Es cierto que fueron pocos legisladores en persona, y la mayoría envió a sus representantes y asesores, pero el material ha llegado a todos los diputados y diputadas y la verdad es que por lo menos tuvimos una repercusión positiva de ese material que enviamos. Había algunos legisladores que ya tenían su posición tomada y, de alguna manera, la idea era que podamos reflexionar sobre todo en la posición contraria sobre la despenalización del aborto, porque el problema del aborto  es un problema de salud pública que no se puede resolver con la punibilidad. En ese sentido fue muy positivo, y a partir de allí también se comunicaron legisladores de otras localidades para acceder al material asi que la valoración de la propuesta es muy buena».