El representante de la Asociación de Supermercadistas Unidos, integrada por Coto, Carrefour, Libertad, Jumbo, La reina y La Gallega, Juan Vasco Martínez, formuló declaraciones respecto de la decisión de las cadenas de supermercados de ratificó que no acatarán la conciliación obligatoria resuelta este viernes por las autoridades del ministerio de Trabajo.
El profesional, deslindó su responsabilidad de responder en nombre de supermercados Coto y fijó posición por Coto, Jumbo, Libertad y Arrefour, que participaron en la audiencia en el ministerio de Trabajo y respecto de los despidos, expresó que se “ratificaron despidos independientemente que por parte del ministerio se dictó la conciliación obligatoria», y adujo «que las empresas decidieron no acatarla”.
Una vez consultado de como se implementaría la desafectación de las personas echadas, Martínez, dijo que ignora cual será la metodología por desconocer cual será la actitud de sus representados.
Preguntado acerca de porque las cadenas La Reina y La Gallega optaron por el cierre dominical y no despedir personal, el referente dijo que “cada uno tendrá sus realidades particulares, en cuanto a formato, relación y gestión comercial”.
Martínez, sostuvo en otro tramo de sus declaraciones en torno a las consecuencias legales que “ya se fijó postura y los pasos a seguir serán los que determinen lo sujetos intervinientes en el conflicto”, en clara alusión al Sindicato de Empleados de Comercio y el ministerio de Trabajo. Y reafirmó que “los despidos que fueron los informados en la audiencia que se celebró en el ministerio de Trabajo son 118”. En el acta firmada este viernes, consta que el representante legal de Supermercados Libertad realizó una presentación espontánea, en la que anuncio que a partir de que se efectivice la instrumentación del descanso dominical procederán a despedir a 12 trabajadores.
Consultado acerca de cuales son las penalidades que establece la legislación por el incumplimiento de un resolución emanada por la autoridad provincial, el apoderado de ASU manifestó que “quien tiene que dar este tipo de explicación es la autoridad de aplicación de la ley, que es el ministerio de Trabajo”, y agregó que “están consientes que la ley prevé sanciones, y por lo tanto esto está en cabeza de la cartera Laboral”.
Ante la pregunta de si se podían producir más despidos, Vasco Martínez, argumentó que solo “puede hablar de los que se han producido” y ratificó que fueron “cuatro las cadenas que realizaron los despidos y se encuentran en distintos procesos de notificación”, y se lamentó de que en los últimos días los medios “se focalizaron en una sola cadena cuando en la misma situación se encontraban las otras tres”.
Sobre de si existían fundamentos por parte de las cadenas de supermercados para despedir personal, cuando las cadenas rosarinas La Reina y La Gallega decidieron lo contrario, podía explicar porque Jumbo, Carrefour, Coto y Libertad tuvieron otra actitud, expresó que los mismos se fundan en el artículo 247 de la Ley de contrato de Trabajo que apunta a la perdida o disminución de trabajo ( y dio como ejemplo causas de fuerza mayor), que sería la imposibilidad de abrir los domingos.
En otro momento de su intervención Juan Vasco Martínez, consideró que “desean una intervención política porque hasta ahora ha faltado voluntad política de resolver el conflicto”.
Y abundó alegando que “desde ASU, sostuvieron desde un principio que denunciaban el impacto en el empleo, en el salario, en la comercialización e incluso en la opinión jurídica”, aunque “eso se cuestionaba por ser argumentos de parte, propusimos en la legislatura y en el Concejo de Deliberantes de Rosario que se buscaran algunas entidades autónomas e independientes, para elaborar un estudio que dictamine, el impacto social y comercial, acompañado por una opinión jurídica para que no resulte solo la posición de ASU, frente a los no argumentos de la otra parte”.
Por otro lado, refirió “que el sindicato se embanderó en un discurso con el cual era difícil llegar a una acuerdo”.
Vasco Martinez, expuso además frente al pregunta de porque no apelaron a un procedimiento de crisis frente a la autoridad laboral, esgrimió que “el artículo 247 no prevé solicitar este tipo de medidas, porque en la invocación de esa norma, ASU entiende que se encuentra dentro del marco regulatorio jurídico”.
Si esto supone que no se llegará en tiempo a la conciliación obligatoria por unos días para dialogar con la otra parte, el Martínez expuso que “arrancaron las tentativas de diálogo hace aproximadamente 3 años y no se consiguió absolutamente nada de parte de los opositores, más cuando la posición fue irreductible al principio de la audiencia de conciliación tanto de la representación sindical como de parte de ASU”.
Finalmente, invitó a preguntarle a las otras partes intervinientes “en que medida están dispuestos a flexibilizar su postura”.
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Se dictó la conciliación obligatoria en la audiencia por el descanso dominical
