Por Archibaldo Lanús
En un libro reciente, Jacques de Larrosiere, ex director del FMI, nos alerta contra un extraño paradigma que domina la economía en el mundo y que se traduce en un alza desmesurada del valor de los activos financieros, en detrimento de los ingresos salariales y la inversión productiva. Decía mi admirado amigo que desde hace 20 años las últimas disminuían y los activos financieros habían llegado a representar 18 veces el PBI mundial. De este modo, la ficción de las finanzas domina la economía mundial (”Terminar con el reino de la ficción financiera“).
La Argentina es el ejemplo más patético de esa ficción, puesto que su arquitectura institucional, desde hace medio siglo, ha sido despojada de sus funciones soberanas a cambio de la sumisión al imperio de las finanzas. La dirigencia argentina ha creído así abrir las puertas al cuerno de la abundancia que anunciaba el centenario perdido.
En primer lugar, la Ley 20.548 autorizó la prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros y, a partir de la Ley 21.305 de 1976, todos los gobiernos que le siguieron la consolidan. Los bonos de endeudamiento establecen siempre la jurisdicción de tribunales de New York y Londres (decretos 1735/2002; 1161/94 y muchas otras delegaciones que se siguen repitiendo en los años 2004, 2009, 2010, 2016 y 2017). La Ley de Administración Financiera (24.156), en su artículo 60 parte final, exime a los acuerdos multilaterales a someterse a aprobación del Congreso a pesar de lo que dice la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 4). La Argentina también ha renunciado a la inmunidad soberana del Estado (decretos 2321/92 y 407/93), hecho que se repite regularmente desde 2000 a 2018. La Ley 27.544 de 2020 convalida el mismo modelo de transferencia de jurisdicción y renuncia a la inmunidad soberana. Es decir, en todos los contratos de endeudamiento, el Estado argentino acepta que se lo considere como una persona de derecho privado sin ningún privilegio, pues se trata de un operador comercial (jure gestionis).
Además, todos los acuerdos de garantía de inversiones están sometidos al arbitraje obligatorio del sistema establecido por el Banco Mundial (Ley 24.353/1995). La mayoría de los contratos suscriptos por el Estado establecen la prórroga de la jurisdicción judicial y la renuncia de la inmunidad soberana (p.e. YPF con Chevron y Dow Chemical con la Republica China para la financiación de represas eléctricas). La Argentina no existe más como Estado soberano de derecho publico, actúa como una persona jurídica privada.
En 2020 nuestro país tenía 71 demandas que involucraban miles de millones de dólares, procesos que en 7 sobre 10 casos se pierden y en cuyo seguimiento el Parlamento no tiene ninguna injerencia. Por decisiones unilaterales, se han transferido del Estado a los privados nacionales o extranjeros recursos que representaron colosales subsidios (p.e. estatización de la deuda externa privada y costo de seguros de cambio entre 1981 y 1984) que se evaluaron en más del 20% del PBI (Renhart, Carman y Rodol Keneth, Remes Lenifov).
La firma del último acuerdo con el FMI, como muchos otros, no se sometió al Congreso a pesar de lo que estipula la Constitución Nacional, en su artículo 75 y cláusula transitoria Octava. Si bien la Ley 24.156 en su artículo 60 lo autoriza, esa es una delegación claramente inconstitucional. El gobierno de Alberto Fernández, para legalizar el compromiso (el FMI lo pidió), dictó en marzo de 2022 la Ley 27.688, cuyo único propósito fue blanquear el acuerdo entre el FMI y Argentina
Sería largo contar la historia de cómo el Estado ha perdido gran parte de su autonomía y libertad de acción en negociaciones y acuerdos -algunos confidenciales- con el consentimiento implícito de la mayoría de los partidos políticos.
Pero la gran originalidad de la sumisión del Estado argentino al universo de las finanzas es la acción del BCRA, institución que sin control del gobierno ni del Parlamento emite a su antojo títulos de deuda pública a la tasa de interés más alta del mundo para un título público: 75%. La emisión de LELIQ a 28 días de plazo ha alcanzado la astronómica cifra de 9,5 billones de pesos (al 10/12/22) que no figuran en la Ley de Presupuesto, pues se esconde bajo una de las tantas falacias y que se denomina “deuda cuasi fiscal”.
Es absurdo que el sector público argentino (Banco Central) pague un mega subsidio en pesos a inversores, locales e internacionales que operan dentro de la Argentina. El principal destino de la emisión es el pago de intereses a inversores especulativos y esa emisión es la principal causa de la inflación.
Se ha proclamado una política antinflacionaria que mantiene una creación de moneda sin limitaciones por el Banco Central, cuya política de endeudamiento está destinada a favorecer a grupos privilegiados. La mitad del déficit del presupuesto aprobado en noviembre es equivalente al servicio de la deuda del Estado que, de agregarse la deuda cuasi fiscal, será cerca del 100 por ciento del déficit. Más que una ficción, un delirio.
Los servicios de una deuda del Estado que supera el 100% del PBI y más de cinco veces las exportaciones, el monstruoso stock de deuda en títulos LELIQ emitidos por el Banco Central y sometida a los cálculos de una fría especulación por parte de bancos y fondos de inversión, y el subterráneo flujo de una fuga de fondos, legal e ilegal, priva de cuantiosos recursos a la economía, que deberían destinarse a la inversión productiva, la salud, la educación, a la mejora de los salarios y en suma sabotea el bienestar de su población.
La economía argentina está sometida a una exacción continua de capitales en un contexto en que el Estado ha perdido el control de su rumbo estratégico.
Las elites dirigentes, políticas o privadas, han administrado o propuesto políticas públicas que reiteran las mismas fórmulas, mantras liberales o populares; los problemas se acentúan y las promesas se repiten. Ante la incertidumbre de un mundo en profunda mutación, no sabemos hacia adónde vamos. No podemos diseñar una carta de navegación pues no sabemos adónde queremos llegar.
Esta extraña incapacidad de asumir los desafíos de la realidad que nos circunda ya la señalaba en el siglo XIX Lucio V. Mansilla, autor de “Una Expedición a los Indios Ranqueles”, con el siguiente juicio: “La Argentina es un país destinado a ser grande, pero la sociedad desarraigada y su- superficial parecía desertar de esta lógica“.
