Por Guido Brunet
El fiscal provincial Guillermo Camporini se manifestó en relación a la temática de la seguridad en Rosario y la zona. En diálogo con Conclusión, el letrado se refirió a las declaraciones encontradas entre el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y algunos miembros del Poder Judicial, el accionar de la Justicia y las formas de combatir el delito en la región. “Los resultados en base a la inversión que se está haciendo no son los que se esperarían”, reconoció el fiscal.
En los últimos días miembros tanto del Poder Ejecutivo como Judicial se tiraron la pelota de la inseguridad de un lado al otro. Pullaro indicó que los jueces deben aplicar penas más severas, mientras que desde los judiciales defendieron su accionar. Camporini dijo: “Creo que las diferencias son claramente visibles entre lo que entiende el poder político y lo que esgrimen desde el Poder Judicial. Yo creo que en este tema hay que hacer una distinción clara y precisa. Todo lo que refiere en cuanto a la prevención del delito y la seguridad de la población está fuera de la esfera de la intervención del Poder Judicial. Los jueces actúan cuando se ha producido un hecho ilícito ya”.
El fiscal, quien fuera indicado en 2014 como objetivo de un plan para atacarlo, junto al juez Vienna, explicó que “si bien hay un marco de discrecionalidad en lo que refiere a mantener la detención de un sujeto que aparece sospechado de la comisión de un ilícito, ese marco de discrecionalidad es limitado. Y por el contrario, cuando las características del ilícito reúnen las condiciones para pedir la prisión preventiva ningún fiscal deja de ejercer ese ordenamiento”.
“Lo que pasa es que algunos confunden o no se dan cuenta o no quieren tener en cuenta y juegan políticamente, y no dicen que en el nuevo ordenamiento procesal penal, el nuevo paradigma de la Justicia penal establece el estado de libertad durante el proceso y únicamente la prisión preventiva cuando se dan los requisitos. Y no creo que haya fiscales que no cumplan con eso”, detalló el fiscal.
Penas y salidas transitorias
Con respecto a las penas que otorgan los magistrados provinciales, Camporini defendió el accionar de los representantes de la Justicia. “Yo creo que las penas no son inadecuadas. Hay que ver si durante el tránsito en el régimen penitenciario la persona recibe algún tipo de atención o tratamiento que permita que pueda recuperar su libertad por alguna forma. Porque cuando se dan esas libertades, aparentemente se habrían cumplido esas reglamentaciones. Ningún juez va a otorgar una salida transitoria, libertad condicional o libertad asistida si no tiene los informes favorables de los distintos organismos del sistema penitenciario, asistente sociales, psicólogos, consejo de seguridad”.
«Ningún juez va a otorgar una salida transitoria o libertad condicional si no tiene los informes favorables»
Por otro lado, el fiscal destacó que “hay controles pertinentes” y advirtió: “Ahora, si se equivocan los organismos que tienen que hacer el seguimiento de los internos durante su tránsito en la cárcel eso escapa al control que debe efectuar el Poder Judicial”.
“Las primeras salidas son con custodias, y luego bajo la responsabilidad de algún familiar directo. Si la persona salió y no volvió se deben poner en funcionamiento los mecanismos para volver a capturarlo, y si no se logra se falla en la recaptura y muchas veces se las vuelve a localizar cuando cometen un nuevo delito”, detalló Camporini para echar luz en algunos casos.
La policía en la provincia de Santa Fe
Al ser consultado sobre el accionar de la policía local, Camporini señaló que “acá parece que todas las respuestas radican en la cantidad, en poner más gente en la calle, en declarar la emergencia en seguridad, cosa que todavía no puedo entender qué significa, ¿que van a hacer más operativos? No creo que ningún delincuente deje de cometer delitos por el hecho de que se haga una manifestación pública de que se va a declarar la emergencia en seguridad. Pero si pasa solamente por poner más gente y más autos, eso no es la solución”.
“No es sólo poner personas, es poner personas que tengan la capacitación adecuada y la dedicación adecuada. Y para eso, las personas tienen que estar muy bien remuneradas, y que su desempeño sea sólo en la policía y no haciendo adicionales. Es fundamental la buena remuneración para tener la dedicación, que tenga posibilidades de acceso a una vivienda digna como cualquier persona, acceso a crédito, a la educación de sus hijos. Pero lo fundamental es la capacitación porque si yo mando a una persona con poca capacitación lo único que hago es llenar de personas que no van a saber cómo actuar ante determinado hecho. Es importante el número, pero esas personas deben tener capacitación, especificación y dedicación. Aparte, dentro de la Policía hay que distinguir áreas específicas, como de Seguridad, Investigación y Asuntos Internos para controlar a la propia policía”, se expidió el fiscal.
“No es sólo poner personas, es poner personas que tengan la capacitación y la dedicación adecuadas»
Con respecto al accionar del Gobierno provincial, el letrado manifestó que “los resultados, en base a la inversión que se está haciendo -no sé si es mucho o poco- no son los que se esperarían porque lo que se esperaría es que se logre bajar los índices de delincuencia en base a una prevención y seguridad adecuada».
Narcotráfico
“Es un tema muy complejo”, comienza diciendo el fiscal porque “la comercialización de droga abarca distintas áreas”. Y siguió: “En vez de tener que pedir ayuda a la Nación para que vengan fuerzas policiales para la seguridad de la ciudad, lo ideal sería que se pidieran para intervenir en los delitos de competencia federal, como el narcocriminalidad por ejemplo”.
“Por un lado, debe haber una mayor intervención de las fuerzas federales, un mayor compromiso de la Justicia federal dotándola de la cantidad de juzgados que sean necesarios. Y por otro lado, hay que preguntarse por qué tenemos cada vez más focos de venta de droga, por qué se instalan en Rosario, en qué estamos fallando, ¿en la educación, en las posibilidades laborales? Eso ya excede el ámbito jurídico, donde tienen que tener compromiso distintas áreas: sociales, educativas, políticas, tanto municipales, provinciales y nacionales. Es un tema muy complejo como para limitarlo a un sólo aspecto”, comentó el letrado.
Por último, Camporini subrayó: “Indudablemente que todo el asentamiento de la droga en nuestra ciudad genera un mayor índice de delincuencia y de violencia por todos los delitos conexos que se generan a partir de esa operatoria”.
