Tras la creciente disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores, senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que convoque a sesión especial para debatir el decreto de necesidad y urgencia 70/23 firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.

La escalada en la discusión pública respecto del reparto de fondos coparticipables a Chubut y el acompañamiento de gobernadores de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria tiene su correlato inmediato en el Congreso de la Nación. No es casualidad que la mayoría de los firmantes pertenecen a provincias patagónicas, a excepción de dos misioneros y los tres peronistas disidentes.

Se trata de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, de Por Santa Cruz; el radical fueguino Pablo Blanco; la representante de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva; y los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

También estamparon su firma los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En cambio, no fueron de la partida los chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR).

El reglamento le otorga a la Vicepresidenta de la Nación, como presidenta del Senado, la facultad de establecer día y hora de la convocatoria a la sesión, algo que fue parte de la discusión con el Frente de Todos y sus reclamos anteriores.

Además, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convocó la semana pasada, comenzará este jueves, formalmente, a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como decenas de normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.