Santa Fe pidió perdón por el mal desempeño judicial y policial en el femicidio de Vanesa Celma

En un acto de reparación que tuvo lugar durante la mañana de este martes en la Sede de Gobernación de Rosario, la provincia de Santa Fe reconoció su responsabilidad en el femicidio de Vanesa Celma, una mujer de 27 años que en el año 2010 –cuando estaba embarazada de ocho meses y además tenía un hijo de 5 años– fue prendida fuego por su pareja, Omar Díaz.

“La provincia de Santa Fe reconoce su responsabilidad en la falta de debida investigación de los hechos que determinaron la muerte de Vanesa Soldad Celma en un contexto de violencia de género. Reconoce asimismo la vulneración de los derechos de la mujer y sus hijos, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y la dignidad, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial efectiva”, expresó el gobierno provincial.

En el acto de este martes, además, el Gobierno santafesino le pidió disculpas a los dos hijos de Vanesa, hoy de 18 y 13 años, por las fallas e inconsistencias que hubo en la investigación del caso, pero también por no advertir que su mamá era víctima crónica de violencia de género.

Ocurre que el Poder Judicial de Santa Fe siempre consideró al caso como un incendio y nunca investigó a la pareja de la víctima, Omar Díaz, en el hecho.

En diálogo con Conclusión, la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol, consideró: “Se firmó un acta de compromiso en la provincia de Santa Fe, representada por la ministra Celia Arena, y la familia de Celma. Previo a llegar a una instancia como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un reconocimiento de la provincia del mal accionar de todos sus poderes, fundamentalmente del Poder Judicial, pero también de las fuerzas de seguridad”.

La funcionaria aseguró que el acuerdo incluye reparaciones económicas para los hijos de Vanesa y el compromiso del Estado santafesino a brindar capacitaciones a miembros del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para que sean capaces de detectar y prevenir casos de violencia de género.

Puyol aclaró que la provincia no fue condenada internacionalmente por el hecho, sino que hubo un reconocimiento previo de que se actuó mal y, en consecuencia, había que reparar a las víctimas.

A su turno, Eva Domínguez, cuñada de Vanesa y una de las principales impulsoras del pedido de justicia, repasó el fatídico accionar de la justicia y de la policía santafesina: “Vanesa estaba dentro de su casa, con su hijo y embarazada, y tras una discusión con su pareja salió envuelta en llamas. La justicia no investigó el caso con perspectiva de género. Nosotros como familiares llevamos a los vecinos y amigas de ella para que contara cómo era la relación con su pareja, pero la fiscal Lucía Araoz descartó estos testimonios”.

Y agregó: “Hubo muchos errores, tardaron mucho y la causa se archivó. Ahí fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy por primera vez mi sobrino pudo expresar que se sentía un poco más aliviado, ese es el sentido de la reparación en cuanto al derecho hacia él, que su mamá no murió por amor, que no era una histérica ni una loca, sino que dentro de su casa había violencia de género. Él lo sabía, pero no podía contarlo, lo hacía mediante dibujos”.

“Me acuerdo de mi suegra, que se sentaba en la puerta de su casa con un cartel de cartón en donde pedían justicia por Vanesa. El dolor fue muy inmenso y nos atravesó, nunca pensé que una persona sea capaz de tanto daño para con una mujer”, contó Domínguez.

Por último, recordó que Omar Díaz “no fue imputado ni tenido en cuenta” por la justicia. “Nunca fue indagado, ni investigado. Siempre reclamamos justicia por Vanesa, tenía 27 años, iba a dar a luz, dejó a dos hijos huérfanos por culpa de la violencia machista”, apuntó la mujer.

El caso

El ataque a Vanesa se produjo el 29 de junio de 2010 y, tras estar internada durante cinco meses en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), falleció a causa de las quemaduras sufridas.

Cuando la Justicia de Santa Fe archivó la causa, la familia de la mujer acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que no se trató de un incendio, sino que Venesa Celma fue víctima de un femicidio.

Producto del ataque, dos niños quedaron sin madre: el mayor tenía 5 años cuando su prendió fuego a su mamá y, a través de dibujos, pudo expresar lo que pasaba en el interior de su casa y dejó constancia de que Vanesa no se autoprodujo las quemaduras, tal como sostenía Díaz.

La niña, que ahora tiene 13 años, estaba en la panza de Vanesa al momento del ataque y nació en el HECA, cuando la mujer estaba internada.

La ausencia estatal en el caso fue completa: a pesar de que Vanesa vivía cerca de una escuela, de un centro de salud y de una comisaría, que no hicieron nada cuando la veían con moretones o golpes, también hubo mal desempeño de la fiscal Lucía Aráoz, de la jueza Mónica Lamperti, y de los policías de la comisaría 12ª, ubicada en barrio Ludueña, que tenían relación con el femicida y, bajo su responsabilidad, se perdieron pruebas valiosas para la causa.