Organizaciones políticas y sociales realizaron durante el mediodía de este lunes una protesta en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en la ciudad de Buenos Aires, para exigir que se libere “inmediatamente” a las personas detenidas en la represión que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso de la Nación, mientras el Senado trataba la Ley Bases.

En la manifestación que tuvo lugar este lunes, a partir de las 11.30, tomaron la palabra los familiares de los detenidos, quienes relataron cómo fue el arresto y remarcaron que estas personas no cometieron ningún delito.

“Pedimos su libertad inmediata, no son terroristas”, destacaron. Además, se decidió realizar una concentración este martes 18 de junio, a las 17, en Plaza de Mayo.

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Asimismo, el miércoles se le entregará a la jueza Servini, en los Tribunales de Comodoro Py, un petitorio con más de 35.000 firmas, en donde se exige la libertad de los detenidos, el desprocesamiento y el cierre de la causa. También se convocó a marchar el próximo jueves en la Plaza de Mayo, en el marco de la Ronda de las Madres.

En la lista publicada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de las 33 personas detenidas, 22 están a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.

Tras ser indagadas y acusadas, por la jueza Servini, de haber atentado contra el orden constitucional, el viernes a la noche unas diecisiete personas detenidas fueron liberadas, mientras que las dieciséis restantes seguían arrestadas en los penales de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz, dado que la magistrada les negó la excarcelación.

Al conocerse la decisión de la jueza, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien investiga el caso, apeló la excarcelación de las diecisiete personas que habían sido liberadas.

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Es decir, Stornelli pidió que se los vuelva a detener, al argumentar que “incitaron a la violencia colectiva contra las instituciones” y se alzaron “contra el orden constitucional”.

En principio, Stornelli solicitó que todos los detenidos continúen en prisión preventiva. Fue este funcionario quien les imputó a todos los arrestados la comisión de quince delitos, con la posibilidad de que se aplique como agravante el hecho de “atemorizar a la población”, o sea, el terrorismo.

Asimismo, los abogados defensores de las personas detenidas también rechazaron la decisión de Servini. Ahora, será la Cámara de Apelaciones quien tome el caso. Este martes, tras el feriado, podría haber alguna novedad.

El Código Penal, en su artículo 41 quinquies, dice que quienes cometan algún delito con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

No obstante, aclara que este artículo “no se aplicará en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.