Representantes de inquilinos destacaron los beneficios de la Ley de Alquileres: «Es un gran avance»

A partir de este miércoles, primer día de julio, comenzará a regir la Ley de Alquileres promulgada hoy por el Gobierno Nacional. En una entrevista con Conclusión, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D’orazio, destacó los beneficios que traerá la nueva reglamentación, a la que definió como «un gran avance».

«A partir de julio todos los contratos que se celebren serán en el marco de la nueva Ley de Alquileres y tendrán plazos mínimos de contratación por tres años, actualizaciones anuales en base a un índice que promedia inflación y salario, obligatoriedad de inscribirse en el registro de contrato y un sistema de garantía más amplió. Son muchos derechos que asisten a los inquilinos y que otorgan un marco de previsibilidad y claridad a la hora firmar», resaltó el también miembro de Concejalía Popular.

Aún así, desde el sector aclararon que la ley no tiene alcance retroactivo, por lo que solo afectará a los acuerdos contractuales que se fijen a partir de este miércoles. «Los que venían funcionando tienen como herramienta hasta el 30 de septiembre la aplicación del DNU 320 que extiende los plazos del contrato hasta esa fecha, congela el valor de los alquileres y establece la prohibición de desalojo en el marco de la pandemia», apuntó D’orazio.

A raíz de la nueva reglamentación habrá modificaciones respecto a qué deberá pagar el inquilino y qué tendrá abonar el propietario al momento de celebrar el acuerdo.

«El API es un impuesto que a partir de ahora va a estar a cargo, sin discusión, del propietario. La TGI es una tasa que va a pagar el inquilino, salvo que se pacte que la pague el propietario. Las expensas no habituales van a ser a cargo del propietario. Esto quiere decir que todo gasto que no se repita mensualmente, va a estar a su cargo», aclaró D’orazio, quien también es integrante del Frente de Inquilinos Nacional.

Beneficios

Al ser consultado por los beneficios más destacables de esta nueva legislación, D’orazio hizo foco «fundamentalmente, en la extensión del plazo mínimo de contratación a tres años» ya que «es algo muy interesante en términos de previsibilidad temporal para las familias que alquilan». Asimismo, destacó el ajuste anual de los contratos «porque se veía el avance de los ajustes semestrales y cuatrimestrales».

Dicho ajuste se realizará con un índice oficial que promediará el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) y el IPC (Indice de Precios al Consumidor), por lo que tendrá en cuenta el salario y la inflación. Esto, tal destacan desde el sector de inquilinos, aporta previsibilidad económica.

«También la apertura del abanico de garantías, dando la posibilidad de al seguro de caución, al aval bancario y a ser fiador del propio contrato en caso de que lo pueda hacer. Es un avance significativo.

Además se creará un registro de contrato, que dará la posibilidad de conocer el universo que existe al respecto y la totalidad de inquilinos que hay en el país. Al mismo tiempo, se empezará a contar con información oficial respecto a un sector que tiene parte de su actividad en negro, una situación que dejaba mayormente expuestos a los inquilinos.

Para D’orazio, otro punto a destacar es la creación del Programa de Alquiler Social, «que establece la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y a los adultos mayores».

El coordinador del Consejo Asesor de Vivienda contó también que se crearán institutos públicos de resolución de conflictos «para resolver las situaciones dramáticas que se puedan dar en el marco de una locación».

La ley también contempla «la devolución actualizada del deposito en garantía. Ya solo se podrá exigir un mes, que devolverán actualizado al momento de entregar la propiedad».

Otra herramienta que tienen los inquilinos es la posibilidad de rescindir sin cargo, notificando con tres meses de antelación. De igual manera, en ese tiempo, podrán sentarse a negociar el contrato antes de que venza. «En caso de que no haya acuerdo, el inquilino podrá retirarse de la propiedad sin pagar indemnización alguna notificando con quince días de antelación», explicó D’orazio.

Aquel que tenga alguna duda podrá acercarse a Córdoba 852, donde se ubica la Oficina del Consumidor, a consultar. En las redes sociales de la Concejalía Popular y el Frente de Inquilinos Nacional también se clarificarán consultas.