Los rectores de las universidades públicas de todo el país mantendrán este lunes una reunión con los jefes de bloque de la Cámara de Diputados de la Nación y les entregarán un proyecto de actualización presupuestaria «razonable», que les permita obtener los recursos básicos indispensables para su funcionamiento.
Las autoridades universitarias plantearon que el incremento de 70% que dispuso el Gobierno nacional en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento es totalmente insuficiente ante el 300% de inflación registrado desde que se fijó el presupuesto para este ítem.
«Para hacerse una idea sirve el caso de la UNR, que en el bimestre enero-febrero de 2023 recibió una factura de 40 millones de pesos solo de energía eléctrica y ahora, en el mismo bimestre de este año llegó una boleta de 130 millones de pesos. A eso tuvimos que hacerle frente con el mismo presupuesto», explicó este lunes el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en declaraciones a LT8.
En este marco es que los rectores de universidades públicas de todo el país, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se reunirán este lunes desde las 18 con integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación y el presidente de la Comisión de Educación para pedirles que traten con celeridad el proyecto de actualización presupuestaria.
«Los rectores vamos a entregar un proyecto de actualización presupuestaria razonable, que acompañe razonablemente el proceso inflacionario. No estamos pidiendo holgura, sabemos que el país la está pasando mal, pero necesitamos una suba del 300% en los recursos destinados a gastos de funcionamiento, no del presupuesto total del sistema universitario», apuntó Bartolacci.
El rector de la UNR explicó que los pedidos están vinculados a la cuota que el Estado manda mensualmente para que las instituciones educativas puedan funcionar. Con esos recursos -dijo- mantienen los edificios; hacen obras de infraestructura; acompañan el desarrollo científico y proyectos de investigación; ponen en marcha el sistema de becas; gestionan comedores universitarios; y pagan servicios públicos.
«Pedimos que se actualice la cuota de esa partida vinculada todo el funcionamiento que no tiene que ver con el pago de salarios. Hay maneras de hacer esto, e incluso existen formas de implementarlo sin siquiera modificar la reconducción presupuestaria que definió el gobierno nacional, destacó la máxima autoridad de la UNR.
Y detalló: «Cuando el Congreso establece el Presupuesto, la tabla de lo que se asigna a las universidades nacionales contempla un porcentaje establecido de incidencia para cada universidad del país. Por debajo de ese listado de universidades hay una serie de programas que tienen una asignación presupuestaria similar al conjunto de las universidades. Son programas para creación de nuevas carreras y fortalecimiento de áreas específicas, que no se están ejecutando. Por lo tanto, el gobierno nacional, reconduciendo los fondos asignados a esos programas, y destinándolos al resto de las universidades, podría garantizar ese 300% de aumento de la cuota de gastos de funcionamiento sin siquiera incrementar el presupuesto 2023. Es un problema de voluntad, de decisión política».
El rector de la UNR, Franco Bartolacci (Foto: archivo).
La iniciativa legislativa fue ingresada formalmente al Congreso por la diputada de la Unión Cívica Radical, Danya Tavela, y lleva la firma de integrantes de distintas bancadas, incluyendo a los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal, y Melina Giorgi -también de la UCR-.
¿Qué dice el proyecto?
El texto legislativo plantea un esquema de actualizaciones bimestrales que apunta a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones educativas.
En su primer artículo, el proyecto insta a declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en este 2024 y atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades.
Asimismo, en el segundo punto de la iniciatva se aclara que, del total de los recursos asignados a las universidades nacionales, «se debe respertar la relación de 85% para gastos de salarios y 15% para gastos generales y de funcionamiento».
Con este reparto definido, el proyecto propone fijar una actualización bimestral de las partidas destinadas a atender gastos de funcionamiento a partir de una fórmula que «combinará la variación de: el índice de precios al consumidor (50%); la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
