Defensores del Pueblo de distintas provincias se reunieron con referentes del Ministerio de Desarrollo Social para solicitar la derogación del decreto de de 1997 que fijaba las condiciones para acceder al otorgamiento de pensiones por vejez y por invalidez y reclamaron un nuevo marco normativo. El santafesino, Raúl Lamberto, solicitó que se restituyan todas las pensiones dadas de baja y que se derogue el decreto 432/97, para crear un protocolo y se evalúe cada caso en particular, para así ir adecuando el sistema a los convenios internacionales que ha suscripto la Argentina con rango constitucional.
Durante su intervención en el encuentro celebrado en la sede de Adpra en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron presentes Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y Alejandra Cedrola, jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, Lamberto reiteró a los funcionarios nacionales la necesidad de derogar dicha norma y “dictar un nuevo marco reglamentario en el que se determinen pautas conforme a la normativa vigente, y específicamente se establezcan requisitos más inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria de cada caso en particular, a los fines de evaluar la procedencia o la baja del beneficio”.
En ese sentido, el defensor santafesino planteó que para establecer los criterios para el otorgamiento y baja de pensión por discapacidad se debe tener en cuenta “la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (adherida por ley 26.378 y con jerarquía constitucional por ley 27.044) que reza: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su libertad inherente”. Lamberto evaluó que ésa es la única manera de “garantizar los derechos de las personas con vulnerabilidad”.
En ese sentido, reclamó que prime el principio de interpretación favorable del postulante a la pensión y se establezcan «requisitos más inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria de cada caso en particular, a los fines de evaluar la procedencia o la baja del beneficio».
Los ombudsman de todo el país se congregaron en la sede de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y realizaron el pedido ante el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, y la jefa de Gabinete de la cartera nacional, Alejandra Cedrola
Por su parte, los integrante del Gobierno manifestaron que a partir del lunes comenzarán a acreditar las pensiones dadas de baja y el pago será en forma retroactiva y precisaron que en el lapso de una semana se restituirán todas aquellas quitadas de manera indebida.
