El diputado provincial santafesino Roy López Molina (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para «reformar y limitar», en el Código Procesal Penal, los requisitos para la realización de juicios abreviados y sostuvo «que se hizo uso y abuso» del procedimiento.
«Al no tener ningún límite legal previsto, se hizo uso y abuso del procedimiento abreviado. Lo que debería ser una excepción se transformó en una regla», enfatizó el legislador al presentar hoy un proyecto de ley para reformar parcialmente el Código Procesal Penal que rige en la provincia.
Según los datos aportados en el proyecto por el diputado del PRO, entre 2014 y 2015 se concretaron en Santa Fe 1.442 acuerdos abreviados contra tan solo 26 juicios orales.
El proyecto propone como requisitos de un «acuerdo abreviado que el delito esté penado con una privativa de libertad que no exceda los seis años».
Agrega «que no deben estar involucrados funcionarios públicos, ni que la causa penal en cuestión sea considerada de interés público».
Asimismo propone «que si existiera pluralidad de acusados, el juicio abreviado sólo se aplicaría con la conformidad de todos. Del mismo modo, si el Juez que interviene está en discordancia con la calificación legal del caso y requiere un mejor conocimiento de los hechos, tendrá la facultad de rechazar el acuerdo abreviado».
Para el representante de Cambiemos, «el juicio abreviado actual distorsiona el tratamiento de casos graves, que deben ser juzgados en audiencias públicas».
«La criminalidad grave y la menor requieren soluciones procesales distintas, es que mediante el procedimiento abreviado, más allá de que, tal vez, haya venido a ayudar a descomprimir al congestionado sistema procesal penal, lo cierto es que suprime el momento del contradictorio que hace a la médula del debate, única vía para conformar un juicio respetuoso del debido proceso«, consideró el autor de la iniciativa.
López Molina cuestionó los juicios abreviados otorgados en Santa Fe en casos de homicidios, narcotráfico y atentados.
Como ejemplo mencionó el atentado contra la residencia particular del gobernador Antonio Bonfatti, perpetrado en la noche del 11 de octubre de 2013. «El acusado recibió una débil condena a tres años y los santafesinos nos quedamos sin conocer las razones que motivaron el ataque», consignó.
«En definitiva, recurrir de manera reiterada a procedimientos abreviados es el síntoma de un sistema de justicia penal colapsado, por falta de recursos económicos, materiales y humanos«, evaluó el legislador.
Más adelante, aclara «valoramos como positivo el juicio abreviado, pero, para evitar distorsiones y malas utilizaciones, promovemos estas reformas que, a nuestro entender, perfeccionan la herramienta con el objetivo de mejorar la administración de justicia y no consagrar impunidad».
