El Gobierno avanzó hoy en un principio de acuerdo con los gobernadores para la sanción del Presupuesto 2017, en una negociación que incluyó a las principales espadas legislativas del Frente para la Victoria-PJ, Frente Renovador y bloque Justicialista.
El propio ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, asistió a la Cámara de Diputados para analizar los detalles del acuerdo y repasar los pasos a seguir junto a la mesa chica del interbloque Cambiemos en Diputados: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Luciano Laspina y Mario Negri.
Previamente, hubo otro cónclave, en este caso opositor, que le puso el sello final a un acuerdo que se cocinó a fuego lento varias semanas de engorrosas negociaciones, y en el que se pactó una estrategia coordinada entre las bancadas peronistas y el massismo tanto en Diputados como en Senado.
La reunión se hizo en el despacho de Sergio Massa, con la presencia del líder del Frente Renovador, escoltado por sus lugartenientes Graciela Camaño y Marco Lavagna, y con la participación clave del jefe de bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto (principal interlocutor de los gobernadores) junto a Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti, y el diputado del bloque Justicialista Diego Bossio.
«Trabajamos con mucha seriedad para que Argentina tenga un presupuesto cumplible que atienda a todos los sectores», aseguró Massa en diálogo con NA, al término de la reunión. Agregó que el Presupuesto 2017 se va a votar el 26 de octubre favorablemente con estos cambios.
Fuentes parlamentarias de estos bloques revelaron a NA que los mandatarios provinciales habrían desistido de dos de las cinco demandas que semanas atrás habían planteado al oficialismo como condición para dar luz verde al proyecto, a saber: el reclamo de coparticipación del impuesto al cheque, al evaluar que estas transferencias podrían profundizar un déficit fiscal que por cierto ya es elevado para el Gobierno, y la confección de un Fondo de Convergencia Federal equivalente al 2 por ciento del Presupeusto, tal como había propuesto el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Como contrapartida, pactaron con el Poder Ejecutivo transferencias automáticas a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional por 11.000 millones de pesos (de los 22.000 que representan esos recursos), superando holgadamente la oferta inicial del Gobierno de 5.000 millones.
Del total de recursos coparticipables, el 70 por ciento serán destinados a las provincias y el 30 por ciento restante a los municipios.
Otro pilar fundamental del entendimiento fue el acuerdo para limitar a un 5 por ciento los llamados «superpoderes», es decir, la capacidad del Gobierno para reasignar las partidas fijadas en el Presupuesto.
Si bien en un principio la regulación de los «superpoderes» iban a ser tratados en una iniciativa aparte, modificando la ley de Administración Financiera, finalmente se definió que el asunto esté incluido en la discusión del Presupuesto.
A su vez, se acordó con los gobernadores mejorar las transferencias de las cajas jubilatorias, con el compromiso de crear dos cuentas por separado para pagar a las provincias adhirieron al fondo de reparación histórica y para el pago de sentencias a favor.
A la lista de compromisos asumidos por el Gobierno, se sumó también la prórroga por dos años las deudas provinciales a una tasa del 6 por ciento, la ratificación de fondos para pymes por 22 mil millones de pesos, y el aumento de las partidas presupuestarias para el área de Ciencia y Tecnología, que en un principio tenía previsto una disminución de 1000 millones de pesos en términos absolutos.
Además, la ley de Responsabilidad Fiscal que se iba a trabajar en una ley aparte, va a ser incluido en el proyecto del Presupuesto.
Por último, se consensuó fijar en el Presupuesto una claúsula para que en caso de que cualquier iniciativa que tenga como propósito la venta de algún inmueble del Estado, tendrá como requisito ser sometido a consideración del Congreso. Esta inquietud surgió a partir de un duro reproche de Pichetto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, ocurrido semanas atrás, cuando el funcionario anunció que la residencia del embajador de Estados Unidos estaba a la venta.
Fuentes parlamentarias del massismo señalaron a NA que la reunión del mediodía de este martes en Diputados con integrantes del PJ tuvo como eje «no vulnerar la estructura del financiamiento» que requiere el funcionamiento del Estado pero sin dejar de «poner condicionamientos para evitar el reparto discrecional de fondos».
También se logró consensuar un esquema de trabajo entre los tres bloques para que en el tratamiento del proyecto se utilicen los mismos criterios en ambas cámaras, de manera tal de que no se trabe la aprobación en el Senado.
