Este lunes el Gobierno santafesino presentó oficialmente la Apertura de datos del Servicio de Justicia de Santa Fe. En ese marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Ricardo Silverstein hizo hincapié en la importancia de instrumentar un mayor acercamiento entre la sociedad civil y el Estado. Además, se refirió a la adhesión a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, remarcando la complejidad de prestarse a una adhesión pura y simple.
La Apertura de Datos del Servicio de Justicia es una herramienta tecnológica para poder acceder a la información del Poder Judicial de Santa Fe, y es el resultado de un convenio con una organización internacional en el que también participaron el Gobierno Nacional y once provincias argentinas, incluída Santa Fe.
Silverstein detalló que la iniciativa de la apertura de datos se originó a través de un convenio con distintas entidades cuyo fin es profundizar en el proyecto de gobierno abierto. «La finalidad es lograr un acercamiento cada vez mayor entre la sociedad civil y el estado».
«Necesariamente para que haya una democracia participativa, más inmediata, o sea, una mayor cercanía cercanía mayor entre el estado, la política y la sociedad civil tiene que haber mayor acceso a la información» aseguró el ministro. «En este caso particular hablamos de información en materia judicial».
Con ese criterio, el Gobierno provincial puso a disposición de los ciudadanos esa información entre la que se incluye cantidad de causas judiciales en trámite, número del personal del área penal, cantidad de juicios abreviados, cantidad de juicios orales entre muchos otros datos.
De esta manera, la sociedad empezará a conocer, como corresponde a una verdadera democracia, qué es lo que hacen los gobiernos que transitoriamente están a cargo del Estado.
Ley de ART
El ministro Ricardo Silverstein señaló que la adhesión a la Ley Nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo «es un tema de enorme complejidad y debate».
«Creo que desde el Gobierno lo que se planteó fue una adhesión pura y simple que, evidentemente, no era conveniente, sino que tenía que reformarse, es decir, la adhesión tenía que estar condicionada particularmente en lo que refería al recurso».
El funcionario explicó que «cuando un trabajador reclama a la ART incapacidad, la comisión médica le determina que tiene 10% la normativa nacional dice que el recurso que hace el trabajador al Poder Judicial no puede cobrar el 10% que ya se le reconoció».
«Lo que planteó el gobernador es que en esos casos se produce un efecto devolutivo, se le paga al trabajador el 20% y puede devolver la diferencia que le están reclamando. Ese es uno de los temas más delicados».
Otros de los puntos sensibles, según Silvertein, planteado por Miguel Lifschitz y que no está en la normativa nacional es «que no se puede establecer la obligatoriedad de las comisiones médicas si, por otro lado, el Gobierno nacional no va organizando esas comisiones». «O sea que la adhesión tiene que ser progresiva en la medida en que se vayan creando. Había diferencias muy importantes en cuanto a una adhesión pura y simple».
