El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Partido Obrero presentaron este martes un hábeas corpus colectivo para que «se deje sin efecto de manera inmediata» el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y que tendrá este miércoles su primera implementación práctica, ante la marcha convocada por la Unidad Piquetera para la tarde, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, referentes de organismos de derechos humanos y el diputdo nacional electo del Partido Obrero, Néstor Pitrola, presentaron el hábeas corpus preventivo y colectivo este mediodía, ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti,
En el texto, solicitaron que «se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023» del Ministerio de Seguridad, que -indicaron- afecta «la libertad ambulatoria e integridad física» de los que se movilizarán.
La presentación lleva la firma de Pitrola, Pérez Esquivel, la coordinadora nacional del Serpaj, Elizabeth Quintero, y de la abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, Liliana Alaniz. «Las amenazas de la ministra (Patricia) Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich», advirtió Pitrola en declaraciones a Télam.
El dirigente del PO sostuvo que «el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional». Por otra parte, aseguró que las «persecuciones con métodos de espionaje usando los servicios de inteligencia de manera ilegal» contra las organizaciones sociales y la movilización bajo «la amenaza de quitar un plan» implican un hecho «discriminatorio y violatorio de la ley».
Por su parte, la abogada Alaniz señaló que el protocolo «llega al absurdo de que cualquier persona que este viajando en un tren puede ser afectada» a pesar de que plantean que con estas medidas buscan «garantizar la libre circulación». «En nuestro país el estado de derecho que rige dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin orden judicial. Se pone en este protocolo una figura de flagrancia a un delito lo que per se ningún delito puede serlo, sino que compete exclusivamente al poder judicial», apuntó.
Además, añadió que, aunque el protocolo «tiene una serie de ilegalidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades», en esta acción de hábeas corpus «tendemos a cortar inmediatamente los efectos que puedan tener en la movilización del día 20».
En la presentación se señala que «las disposiciones de la cuestionada resolución constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional».
Asimismo se sostiene que la resolución de la cartera de Seguridad se asemeja, «en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten». «Esta acción, se hace extensiva a los de los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional», añadieron.
En el texto también se recuerda que «hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad 38 personas en la Ciudad de Buenos Aires». «Asesinatos cuya responsabilidad cae en un gobierno del cual Patricia Bullrich formaba parte», apuntaron y también detallaron otros hechos durante su pasada gestión en la cartera de seguridad como las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre con motivo de la reforma previsional propuesta en el Congreso o «el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel».
«La ultra intención del `Protocolo`, mediante la señalización de un grupo particular de manifestantes, presentándolos como «enemigos sociales» remonta a la metodología de las dictaduras y genocidios que se sucedieron en el país y en el mundo», subrayaron.
Con la presentación «se busca resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y la integridad física de las personas que participen de la manifestación del próximo 20 de diciembre».
Desde el PO también anticiparon que mañana abogados, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos van a estar en las cabeceras de las estaciones de trenes para «impedir que Bullrich con su protocolo detengan el acceso de cualquier persona a CABA».
