La Cámara de Diputados aprobó anoche y convirtió en ley los cinco proyectos que permitirán implementar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1º de marzo de 2016, luego de un debate que se extendió durante ocho horas.
Las leyes, que fueron tratadas en un único debate pero votadas por separado, establecen los plazos y la forma en que se aplicará el nuevo Código, que establece para el procedimiento judicial el sistema acusatorio, en el que las investigaciones son dirigidas por los fiscales y no por los jueces, como funciona actualmente.
La ley de implementación del Código Procesal Penal obtuvo 133 votos a favor, 81 en contra y 3 abstenciones; la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal tuvo 130 a favor y 88 en contra, mientras que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa consiguió 163 a favor y 55 rechazos.
Se aprobaron también una Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, con 130 votos a favor y 88 en contra y otra que modifica el Código Penal en los artículos referidos a la extinción de la acción penal y suspensión del juicio a prueba, con 187 a favor, 29 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa más criticada por la oposición fue la que se refiere al Ministerio Público Fiscal, encabezado actualmente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien es cuestionada por la oposición por su presunto alineamiento con el Poder Ejecutivo.
En el inicio del debate, la oficialista Graciela Giannettasio sostuvo que «el núcleo» de las críticas de la oposición a esa iniciativa «no está puesto en el Ministerio Público Fiscal ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce».
«Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto», evaluó Gianettasio durante su defensa de la iniciativa.
Sin embargo, la más dura con los opositores fue Diana Conti, quien acusó a ese arco político de «hundir la democracia» y agregó: «Es ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria de la oposición junto con los medios diciendo que queremos cooptar la Justicia buscando impunidad».
«No necesitamos ninguna impunidad, el pueblo necesita una Justicia penal rápida, juicios transparentes y orales, fiscales que caminen al lado de las víctimas», afirmó la diputada del Frente para la Victoria.
Uno de los más críticos del proyecto referido al Ministerio Público Fiscal fue el radical Manuel Garrido, quien advirtió que «esta ley le da amplias atribuciones a la procuradora» porque, entre otras cosas, «le permite a la procuradora designar su línea de sucesión» en caso de ausencia.
En el mismo sentido se pronunció Margarita Stolbizer, del bloque GEN, quien evaluó que esa iniciativa «busca impulsar en la Procuración General un poder ilimitado y sin controles».
Por su parte, el macrista Pablo Tonelli centró sus críticas en el proyecto de implementación del Código Procesal y en el de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, porque son los que establecen que el nuevo cuerpo normativo comience a regir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Tonelli, estas iniciativas «violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires» porque «el Congreso carece de atribuciones para organizar la Justicia en la Ciudad, la única competencia que tiene es resolver cuándo y cómo hace la transferencia de la Justicia la Ciudad».
Entre los puntos principales del paquete de proyectos, se encuentra la fecha de entrada en vigencia, que originalmente era el 1º de septiembre de 2015 y luego del debate de la Comisión Bicameral que analizó las iniciativas se postergó para el 1º de marzo.
Los proyectos establecen además que el nuevo Código empezará a regir para la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y que será la Comisión Bicameral la encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo.
En este sentido, la Comisión será asistida por una secretaría técnica y un comité asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.
