Por Florencia Vizzi
El 9 de mayo de 2015, Chiara Paez, con 14 años recién cumplidos y un embarazo de 4 meses, se convirtió en la décima mujer víctima de femicidio en la provincia de Santa Fe. Esa noche, su novio, Manuel Mansilla, acabó con su vida a golpes y terminó enterrándola en el patio de la casa de su abuelo, en Rufino. El crimen de Chiara se convirtió así en la gota que colmó un oceáno que se derramó a las calles de Argentina y de muchos otros países el 3 de junio de ese mismo año, cuando miles de mujeres quebraron su voz al grito de Ni Una Menos!
Seis años después, pareciera que nada ha cambiado, con horas más o menos, de acuerdo a la organización que realice el relevamiento, en la Argentina sigue habiendo al menos, un femicidio cada 35 horas y, al 31 de mayo de 2021, se produjeron 106 femicidios, 5 transfemicidios y 7 femicidios vinculados de varones, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, que dirige La Casa del Encuentro.
Sin embargo, hay cosas que sí comienzan a transformarse: el tema ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación y el debate público y, lo que es más importante, es parte de la agenda estatal. En el año 2019, se creó, a nivel nacional, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y, tan sólo dos semanas atrás, la provincia de Santa Fe aprobó la ley que le otorga esa jerarquía a la Secretaría de Estado de Igualdad, Género y Diversidad. Para conocer que políticas y planes preparan quienes formarán parte de la flamante cartera, Conclusión accedió a una entrevista con la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.
Al 30 de abril de 2.021, se produjeron 92 femicidios, 5 transfemicidios y 7 femicidios vinculados de varones
Observatorio de Femicidios – Casa del Encuentro
«La sanción de la ley que crea este Ministerio viene a consolidar lo que se inició el 10 de diciembre de 2019, con la creacion de la Secretaría de Estado», expresó en primer término la funcionaria. «Si bien teníamos rango ministerial, todo el tiempo teníamos que explicarlo». Pero además, Marinaro remarcó que se trata de un proceso de consolidación. «Sobre todo, el significado que adquiere, desde los simbólico, que en la provincia exista por primera vez un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y que el debate para la creación del mismo, lo haya dado la Legislatura provincial y haya sido acompañado por todos los bloques, salvo el de Somos Vida y algunos legisladores de Juntos por el Cambio».
A 6 años del primer #NiUnaMenos
Pensándolo en términos de procesos históricos, seis años es un tiempo mínimo y se dificultan los balances sobre un período tan corto. Sin embargo, urge hablar de las cosas que han cambiado, si es que algo lo ha hecho, desde la primera vez que se gritó, colectivamente, Vivas Nos Qeremos.
Así, una de las preguntas de rigor para la funcionaria fue su opinión sobre qué cambios se produjeron desde aquel 3 de junio. «En términos personales, milito desde muy joven en organizaciones de mujeres. Digo esto como referencia, para que entendamos que las políticas públicas no aparecen de la nada. Hay un semillero, sobre todo en estas últimas generaciones, como la mía, que han sido atravesadas por esas organizaciones y por los feminismos. Y el #NiUnaMenos es uno de los hitos más importantes, tanto en la Argentina como en el mundo. Yo creo que desde ese 3 de junio, y desde antes inclusive, se viene avanzando muchísimo. Logramos poner en la agenda pública estos temas y no solamente en la políticay en los Estados, sino también en las familias, en las universidades y en las escuelas«.
Marinaro celebra que por fin se haya empezado a dar el debate, que tiene que ver con estas «estructuras sociales en las cuales estamos formados». «Esas estructuras en las que las mujeres y las disidencias estamos en pie de desigualdad respecto de los varones y me refiero a los varones como a las personas que tienen el privilegio de tener un género, de identificarse con un género, al cual la sociedad lo coloca en el lugar de las prerrogativas».
La funcionaria señala la fundamental importancia de «poder empezar discutir las relaciones sociales y de familia y también visibilizar las violencias por motivos de género, las violencias estructurales, las que suceden en el ámbito doméstico, las violencias que ocurren en la salud sexual y reproductiva de las mujeres». «
«Yo creo que esta es la primera gran batalla que hemos dado las mujeres y las disidencias y creo que también que hoy, el Estado, no solamente el provincial, sino por ejemplo el nacional, ha tomado el rol de transversalizar las políticas de género y diversidad en las políticas públicas. Creo que esa es una batalla ganada. Claro que hay muchas otras por dar, eso está claro, por ejemplo, la Justicia, donde hay respuestas más lentas de la que se espera».
Políticas públicas
El aún no estrenado Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad contará con un prespuesto de 680 millones de pesos para continuar desarrollando parte del trabajo que se inició como Secretaría de Estado y desplegar una serie de nuevas políticas que están en gateras.
«Recién al año pasado pudimos preparar nuestro presupuesto, ya que cuando asumimos en 2019 eso ya estaba votado.Y lo aumentamos, respecto al año anterior, un 300%» explicó la funcionaria a este medio y remarcó: «Si es necesario aumentar la partida, lo vamos a hacer, porque hay una decisión política de acompañar con los recursos necesarios todo lo que llevemos a cabo desde la cartera».
En cuanto a las políticas a desplegar, la funcionaria señaló que uno de los temas fundamentales y que más reclamos provoca desde las organizaciones de mujeres, es lo que se suele denominar «ruta crítica», ese derrotero que recorren las víctimas de violencia de género cuando buscan ayuda y deciden denunciar lo que están viviendo.
Tenemos un desafío enorme que significa ir mejorando la atención primaria, en el primer lugar al que van las mujeres cuando deciden hacer una denuncia. no solo comisarías y Centros Territoriales de Denuncias, sino también en los Centros de Salud, donde muchas veces recurren las víctimas, y los municipios y comunas».
Florencia Marinaro – Subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe
«El año pasado instauramos el primer curso con perspectiva de género para quienes ingresen al Poder Judicial, magistrados y magistradas, defensores y fiscales. para defensores, fiscales magistrados y magistradas, defensores y fiscales. Es una instancia que se trabaja en seis módulos, con evaluación de cada móduo y evaluación final», relató Marinaro. Y detalló: «Participaron docentes todo el país, también docentes de la provincia y funcionarias de la Secretaría. Fue una experiencia innovadora con lo que tiene que ver con perspectiva de género en el Poder Judicial, porque no solamente el curso es obligatorio, sino que, además para la evaluación que hace el Consejo de la Magistratura se hacen preguntas respecto a estos temas».
La funcionaria, también abogada en otros tiempos, puntualizó que se viene trabajando en capacitación con la Ley Micaela con las fuerzas policiales en todos los departamentos provinciales y, además, en paralelo, estamos haciendo cursos de toma de denuncias en conjunto con el Ministetio de Seguridad, que tiene un área de género.
Marinaro reconoció que la ruta crítica sigue siendo una realidad y que muchas mujeres son revictimizadas cuando deciden denunciar. «Tenemos un desafío enorme que significa ir mejorando la atención primaria, en el primer lugar al que van las mujeres cuando deciden hacer una denuncia. no solo comisarías y Centros Territoriales de Denuncias, sino también en los Centros de Salud, donde muchas veces recurren las víctimas, y los municipios y comunas».
Pero remarcó que se trabaja en una respuesta estatal integral. «Tenemos la responsabilidad de transversalizar las políticas públicas, porque de nada sirve que yo haga un curso de Ley Micaela con la policía sino lo hago con el Ministerio de Seguridad. Y si no hago un curso de toma de denuncias sino entiendo cual es la idiosincracia y la forma de trabajo que tienen las fuerzas policiales hoy. Entonces me parece que en eso es clave que la respuesta sea mucho más integral, y en esto también sumo al Poder Judicial porque, si en un ideal, mejoramos toda la ruta crítica, aún queda la Instrucción Penal Preparatoria y todo el trabajo que hace la Justicia. Y no puedo decir ‘eso a mi no me corresponde porque yo no soy la Justicia'». En ese sentido, Marinaro fue categórica: «Ante la demanda de las mujeres, quien se tiene que organizar es el Estado».
A pesar de ello, la subsecretaria tiene una mirada positiva, y remarcó que «hay respuesta estatal, hay respuesta integral y hay respuesta interministerial e interpoderes».
«Por supuesto que falta muchísimo, y sobre todo en contexto de pandemia, pero hay cosas que se están transformando. No es de un día para el otro. En esto pongo como ejemplo la anticoncepción, nosotras sabemos que lo que tiene que ver con la salud sexual, tiene que ver con el Ministerio de Salud pero no nos desentendemos de eso y estamos todo el tiempo articulando para que se garanticen los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres». Y destacó: «Nuestra idea es implementar un sistema de protección integral, interministerial, donde todos los ministerios tengan injerencia. Porque no se trata sólo de la ruta crítica de la denuncia, es la autonomía económica son las casas de protección, hay muchas aristas».
Asistencia económica
Otros de los puntos fundamentales en la lista de demandas de las organizaciones feministas se centra en la asistencia económica. En ese sentido, la funcionaria apuntó que existen tres líneas de asistencia económica.
«Una es para situaciones por violencia por motivos de género, otra de vulnerabilidad social y económica y una tercera línea que es para familiares y allegados para víctimas de femicidio, travesticidio, transfemicidio y víctimas por razones de género».
Marinaro explicó que además se está trabajando con el programa «Acompañar». «Es un programa para tratar de fortalecer la la autonomía económica de personas que atraviesan situaciones de violencia, con riesgo alto o altísimo y que les otorga un salario mínimo, vital y móvil por 6 meses». «Hay más de 300 personas inscriptas y muchas ya lo están cobrando a través de Anses».
Además, repasó que el año pasado se implementó Potenciar Trabajo para víctimas de violencia por motivo de género en el cual se dio de alta a más de 700 mujeres. «Pero bueno, es una salida a corto plazo, hay que generar otras instancias más allá de la asistencia económica, en eso siempre fuimos muy claras. Pero es un momento complicado en pandemia y los índices de la encuesta permanente de hogares muestran que la mayoría de las mujeres trabajan con empleos informales, malpagos, o semiregistrados. Hay que pensar en la autonomía laboral».
Casas de Protección
En toda la provincia de Santa Fe, hasta el momento, funcionan 186 casas de protección, que son los lugares a los que tienen que recurrir aquellas víctimas de violencia de género cuyas vidas están en riesgo. «Parte de esas plazas, 166, se convenian con municipios, comunas y organizaciones y hay una propia de la provincia».
Los ingresos a las casas de protección se hacen siempre a través de una institución, comisaría o muncipio. «Tiene que haber intervención estatal. Puede que el pedido llegue a través de algunas de las organizaciones, pero lo que nosotras hacemos es llevarlo a una intervención de primer nivel, cualquiera sea, y ahí que se haga la derivación para darle ingreso. Y si es necesario un traslado y no se puede solventar, lo hacemos nosotros» .
Si bien Marinaro afirma que hay casa y plazas siempre disponibles, también hace la salvedad de que está «convencida» de que hay que «repensar el sistema, porque el nivel de institucionalización también es muy complejo». «Pasa también por niñez, y muchas veces se confunde con una situación habitacional y de pobreza. Entonces es necesario que se revise permanentemente cada situación particular, porque hay mujeres que están muy poco tiempo y otras muchos meses».
Hay que repensar el sistema, porque el nivel de institucionalización es muy complejo.
El sistema de protección integral fue considerado esencial desde el comienzo de la pandemia, lo que garantizó que todos los equipos puedan trabajar con permiso y que se pudieran realizar traslados de mujeres que estaban atravesando situaciones de riesgo, aún durante la cuarentena. «Hemos trasladado mujeres a otras provincias, dentro de la provincia e incluso, se hizo uno internacional, a Egipto».
Educación Sexual Integral
La histórica discriminación a las mujeres e identidades feminizadas, así como los femicidios y la violencia de género conforman una parte estructural de una sociedad que así ha constituído su modo de producción y su economía y que reproduce ese modelo para sobrevivir. Las múltiples inequidades que alimentan ese caldo de cultivo se montan sobre el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidado, la insalvable brecha salarial y desiguales oportunidades laborales y económicas y la división sexual del trabajo.
Es por eso que una política que se hace profundamente necesaria, si se piensa en cambiar esas estructuras, tiene que ver con la educación y una herramienta de vital importancia es la Educación Sexual Integral (ESI).
En ese sentido Florencia Marinaro apuntó que se diagramó un presupuesto con perspectiva de género en el cual se incluyó una partida destinada a medir el impacto social de diversos programas en distintos ministerios. «La ESI es uno de esos programas. Hay una decisión política de implementarla plenamente. A día de hoy es muy dificil evaluar el sistema educativo en medio de la pandemia, con todo lo que la virtualidad y la semipresencialidad implican, pero la decisión política es garantizarla y mejorar y corregir lo que sea necesario en ese aspecto».
Al cierre de la entrevista, la funcionara remarcó que son muy conscientes de lo mucho que hay por hacer, «sobre todo en un año tan difícil que recrudece la situación de vulnerabilidad económica y también de vulnerabilidad social que están atravesando las mujeres y las disidencias». Pero sostiene que la evaluación es positiva porque «hay líneas de trabajo específicas en un trabajo que es a mediano y largo plazo» y hay un compromiso genuino de trasnversalizar ese trabajo para que la perspectiva de género atraviese toda la gestión del gabinete.
