Prorrogan beneficios previsionales e impositivos para sector de salud
Así lo determinó el Gobierno nacional a través del decreto 903/2021, extendiendo la medida hasta mediados de 2020.
El Gobierno nacional extendió hasta mediados de 2022 los beneficios impositivos y previsionales para empresas de salud puestos en marcha en el marco de la pandemia de coronavirus, a través del decreto 903/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La disposición, fundamentada en el riesgo sanitario que continúa atravesando el país debido a la pandemia de Covid-19, prorroga la reducción del 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud.
Asimismo, se mantiene la reducción de la alícuota del impuesto sobre los créditos y débitos (conocido como “impuesto al cheque») al 2,50 por mil para las operatorias en cuenta corriente, y del 5 por mil para las restantes operaciones.
Los beneficios abarcan a las obras sociales, servicios de seguros de salud, medicina prepaga, mutuales de salud, servicios de hospitales, de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos, de práctica de diagnóstico y tratamiento, y de emergencias y traslados.
Se trata de la sexta prórroga del beneficio establecido originalmente por el decreto 300/2020 del 19 de marzo de 2020, y posteriormente extendido por los decretos 545/2020 (junio de 2020), 695/2020 (agosto de 2020), 953/2020 (noviembre de 2020), 1052/2020 (diciembre de 2020) y 242/2021 (abril de 2021), el cual vencía en el día de hoy.
La medida complementa y generaliza la decisión de prorrogar (también hasta fines de junio de 2022) el 100% del pago de las contribuciones patronales a los empleadores que hayan accedido al programa Repro II, en el cual se incluye a las empresas de salud que se encuentran en “situación crítica”.
En dicho programa, además de la reducción de los aportes, las empresas adheridas pueden acceder al pago de una suma de dinero individual y fija a los trabajadores por parte del Estado, que alcanza a un máximo de $22.000 para los empleados de las empresas de sectores críticos y de salud.