Macri se concede otro plazo

Por si había aún alguna duda de que en el expediente de la deuda del Correo Argentino con el Estado ambos están del mismo lado del mostrador, esta semana quedó a la vista que los representantes del gobierno siguen colaborando con la dilación del pago de los 4.500 millones de pesos que la empresa postal del grupo Macri adeuda. El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tardó casi un año en responder a la oferta que hizo la firma tras la impugnación del acuerdo original que licuaba el 98,7 por ciento de lo adeudado. ¿Qué respondió? Que necesita algunas precisiones: léase, habrá una nueva dilación a favor del Correo. El expediente concursal lleva ya 18 años, cuando un proceso de estas características no puede por ley durar más de un año. Mientras tanto, hubo algunos movimientos en la investigación sobre maniobras de vaciamiento.

Saravia Frías es el procurador –jefe de los abogados del Estado— designado por Mauricio Macri poco tiempo después de que estallara el escándalo de la deuda del Correo. Reemplazó a Carlos Balbín, apartado por el Poder Ejecutivo después de que elaborara un sumario crítico respecto de la actuación estatal en la firma del acuerdo que le perdonaba la mayor parte de la deuda a la empresa. Saravia Frías es uno de los integrantes de la llamada “mesa judicial” que asesora a Macri. Su estudio había representado jurídicamente a SOCMA. Desde que comenzó a participar del expediente concursal como representante estatal hubo un sinfín de dilaciones.

El tiempo es chicle

Los increíbles sucesos de los últimos tres años que muestran cómo el Estado y el Correo tiran para el mismo lado se ven en esta línea de tiempo:

* El 28 de junio de 2016 se firmó el acuerdo para que el Correo Argentino, del Grupo Macri, saldara la deuda que arrastra con el Estado desde 2003. Por ese acuerdo, firmado ante la Cámara Comercial, quedaba licuado el 98,7 por ciento de la deuda, según denunciaría después la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. Hoy la deuda asciende a cerca de 4.500 millones de pesos. En años anteriores el Estado había rechazado las ofertas de la familia Macri por considerarlas inconvenientes. El aparato judicial siempre a favor de la dilación de los tiempos.

* La fiscal Boquín recibió por primera vez el expediente en octubre de 2016. No había sido convocada a la audiencia. El 30 de diciembre de ese año impugnó el acuerdo y lo calificó de “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas. En febrero amplió su presentación.

* El escándalo fue tan grande que Mauricio Macri salió a decir que todo volvería a “fojas cero”. El entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se presentó en tribunales invocando “instrucciones del presidente” y dio marcha atrás con el acuerdo. Pidió una nueva audiencia en la Cámara Comercial.

* Esa nueva audiencia a pedido del Estado fue convocada para el 16 de marzo de 2017. El mismo día los enviados del propio Gobierno pidieron suspender el encuentro y una prórroga de 120 días.

* La cámara nunca se expidió sobre la prórroga y el tiempo pasó.

* Recién en mayo de 2018 el Correo ofreció un terreno y un edificio en Monte Grande, que en realidad pertenecen al Estado. Era una propuesta absurda. Lo que sucede es que la empresa se adjudica esa propiedad.

* El 12 de julio de 2018 el Correo hizo una nueva oferta, que no variaba casi nada respecto de la impugnada de 2016. Proponía cancelar la deuda en 13 cuotas en lugar de 15 (serían dos años menos que a esa altura, en rigor, ya habían pasado) y ofrecía una baja de la tasa de interés, sólo si gana los juicios contra el Estado.

* El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías tardó casi un año en contestar a esa propuesta. La semana pasada presentó un escrito. En rigor no decía si aceptaba o rechazaba nada. Pidió precisiones, o sea, más tiempo a favor del Correo, que sigue sin pagar.

Vaciamiento

La fiscal Boquín también denunció maniobras de vaciamiento en el contexto del expediente concursal. La primera la hizo en 2017, la segunda este año. El Correo y sus controlantes, SOCMA y SIDECO –pilares del grupo Macri– hicieron todo lo posible por trabar esa investigación. La semana pasada, sin ir más lejos, esas compañías de la familia presidencial plantearon la nulidad del último fallo de la Cámara Comercial que ordenaba la inspección de sus libros contables para poder cotejar y profundizar los hallazgos de Boquín. Hace dos años que la fiscalía pidió peritar esos libros y aún fue imposible. Había descubierto retiros de dinero de la cuentas del concurso y su derivación a contratos del Correo, una empresa que está declarada inactiva, con sus controlantes. Aparecían alquileres de oficinas, por ejemplo, por 144.000 pesos mensuales, 113.000 de gastos contables e informáticos, 65.000 de honorarios entre otras cosas. En un comienzo se registraron retiros de fondos por 10 millones de pesos justo en los mismos meses que se planeaba y se ejecutó el acuerdo con el Correo. También se detectó que Socma le vendió a la inactiva Correo acciones de la firma Neficor SA que tenía el 49 por ciento de Chery, para un proyecto automotriz, por 2 millones de dólares. Jamás le dio dividendos. En otro aspecto, se hallaron supuestos préstamos de plata de Sideco y Socma al Correo.

Hasta ahora la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, también se resistía a avanzar en esta línea de investigación sobre desvíos y vaciamiento que, no se descarta, podría llegar a revelar un fraude concursal. Boquín la denunció varias veces, incluso en la causa penal por el Correo que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo. Quizá apremiada por estas circunstancias, esta última semana después de resistir finalmente ordenó medidas claves en esta parte del expediente. Reprendió a los síndicos y les dijo que deben hacer informes completos sin atenerse solo a lo que dice el Correo. Por ejemplo, recrimina que no pedir una rendición con respaldos documentales de los 9,5 millones de pesos en contratos de locación (los alquileres) y lo mismo respecto de los préstamos que no tendrían explicación al estar dirigidos a una empresa inactiva. Además, tanto Correo como Sideco dicen que no tienen facturas de esas operaciones.

Cirulli impulsó finalmente todas las medidas pedidas por Boquin y le encomendó el análisis al cuerpo de peritos contadores de la Corte. Esto incluye también al denuncia de vaciamiento presentada este año sobre pagos por al menos 35 millones de pesos a estudios de abogados amigos, consultoras y empresas de publicidad. Hay pedidos de informes dirigido específicamente a los estudios de Pablo Tonelli (diputado de Cambiemos), Jaime Kleidermacher (representante legal de Correo) y Pablo Clusellas (secretario legal y técnico de la presidencia). Quiere saber qué tareas cumplieron para cobrar honorarios de hasta 9 millones de pesos. Lo mismo para consultoras y agencias de publicidad. La jueza pidió precisiones sobre las tareas que realizaron para la empresa desmantelada, exigió facturas y libros contables. También requirió datos s obre la tenencia accionaria de la firma Comunicación Dinámica, a la que Correo habría aportado plata pero nunca se supo que pasó con esa sociedad. El Correo, mientras tanto, hizo un nuevo descargo cuestionando a la fiscal, algo que hizo varias veces, a quien intentan adjudicarle una actuación política para que abandone el caso.