Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires (enviado especial)
A principios de marzo la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina reclamó al Parlamento que apruebe un proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas), una iniciativa que tiene como objeto sancionar a las compañías en casos de corrupción.
La Oficina Anticorrupción había señalado que es «fundamental» que el Congreso sanciones este año la ley, ya qe resulta un requisito «indispensable» para incorporar a Argentina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas fue elaborado por la Oficina Anticorrupción y remitido por el Ejecutivo de Macri a la Cámara de Diputados en octubre pasado.
Luego de atravesar un sinuoso camino en la Cámara baja el proyecto fue finalmente aprobado y resta que el Senado complete la media sanción para que sea convertido en ley.
Este jueves, integrantes del bloque oficialista informaron que, delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidieron en el Congreso de la Nación acelerar la sanción del proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria.
La delegación, integrada por Patrick Moulette, William Loo, Ignacio Castillo Val, Paul Leder y David Green, miembros de la División Anticorrupción de la OCDE se reunió con legisladores de ambas Cámaras, a quienes hicieron recomendaciones al proyecto que prevé un nuevo régimen de penas para casos de corrupción que involucren a empresarios y a la administración pública.
Retraso
La mora del proyecto se debe a que aún no cuenta con dictamen en Comisión debido a los numerosos cambios que serían introducidos por los senadores, algo que obligaría a devolver la iniciativa en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva. Alonso informó esta tarde que en las reuniones de hoy «cada país miembro de OCDE aportó su experiencia a partir de la legislación” con que cuentan y destacó “la importancia de generar incentivos claros para las empresas que hayan participado en actos de corrupción y quieran y puedan brindar información oportuna, útil y comprobable”.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso pidió a los diputados que “mantengan un diálogo con el Senado para estar al tanto de las modificaciones” que se realizarán al proyecto.
Por su lado, la diputada Gabriela Burgos (UCR) coincidió en las recomendaciones de los expertos sobre que “la ampliación de delitos puede poner en riesgo la aplicación de la ley”.
“La mayoría de los países comenzó con un número acotado de delitos y luego lo fueron ampliando”, señaló la presidenta de la Comisión de Legislación Penal que, asimismo, confió en que “la Cámara revisora va a poder parar esta dificultad”.
Graciela Burgos dialogó con Conclusión sobre el tema a comienzos de julio de 2017.
Argentina firmó en marzo, una adhesión a la nueva Recomendación de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, se acordó con la OCDE la realización de un Estudio del Sistema de Integridad de Argentina.
La Recomendación de Integridad Pública a la que adhirió Argentina pide a los Estados elaborar un sistema de integridad pública; establecer marcos legislativos e institucionales adecuados para cultivar la integridad en el sector público; impulsar un sector público profesional basado en el mérito y en los valores del servicio público; promover una rendición de cuentas efectiva que incluya mecanismos de control interno; y garantizar la aplicación imparcial de las leyes.
