El «sistema Riachuelo» es una obra pública que cuenta con la financiación del Banco Mundial por US$ 1.200 millones, en la que una tuneladora realizará la red cloacal para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de personas de 13 municipios del Conurbano y la Ciudad.
Uno de los tramos de la obra se encuentra a cargo de una Unión Transitoria de Empresas entre el consorcio Ghella y la empresa Iecsa, que también operaban juntos en el soterramiento del tren Sarmiento, junto a Odebrecht. Mientras que otro tramo está a cargo de una UTE entre las empresas Esuco-JCR-CPC-C&E.
Esuco pertenece al prófugo Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y a CPC, la constructora de Cristóbal López, preso hace algún tiempo.
La trama que investiga el juez federal Claudio Bonadío atraviesa las obras concedidas por la administración Kirchner. “La hipótesis de la investigación es la asociación ilícita”, dijo el fiscal a cargo del expediente, Carlos Stornelli.
Ocho cuadernos pequeños, manuscritos son la clave. El registro es obra de Oscar Centeno, ex chófer del exministro Julio De Vido. Él describió los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado.
Otra empresa involucrada es Electroingeniería, que ganó junto a la china Gezhouba la adjudicación de la obra Agua Sur, por $. 3.000 millones, con la que el Gobierno espera llevar agua potable a buena parte del sur del Conurbano.
Entre los detenidos, Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa, una constructora propiedad Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri.
Calcaterra se desprendió de la compañía apenas asumió la nueva administración. Se la quedó Marcelo Mindlin, en una operación muy complicada. El juez federal Claudio Bonadio cargó contra Sánchez Caballero aunque no contra Calcaterra.
