MIéRCOLES, 27 DE NOV

¿En qué consiste la campaña de control de precios de alimentos de las organizaciones sociales?

En Rosario, el lanzamiento tuvo como punto elegido al Carrefour de Pellegrini y Vera Mujica, donde militantes sociales supervisaron el costo de los productos ofrecidos en las góndolas.

 

Las organizaciones sociales de Rosario lanzaron este miércoles la campaña de control de precios que buscará garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados entre las empresas alimenticias y los diferentes niveles de Gobierno. El trabajo será voluntario y apunta a que sean los sectores más afectados por la inflación quienes supervisen la evolución de la misma.

La campaña tendrá como objetivos a los hipermercados, donde verán si se cumplen o no los acuerdos fijados entre el Gobierno y el sector privado. En Rosario, el lanzamiento tuvo como punto elegido al Carrefour de Pellegrini y Vera Mujica, donde militantes sociales supervisaron el costo de los productos ofrecidos en las góndolas.

“Hoy se inició el operativo. El lugar elegido fue el Carrefour de Pellegrini y Vera Mujica, pero se va a seguir haciendo periódicamente en distintos puntos y supermercados para controlar fundamentalmente que se respeten los acuerdos firmados entre las empresas alimenticias y el Gobierno respecto a los precios máximos acordados”, indicó este miércoles José “Pepe” Berra, referente del Movimiento Evita, en declaraciones a Conclusión.

Las organizaciones sociales que ejecutarán los controles serán el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, que realizarán el trabajo de manera voluntaria y por iniciativa de las propias organizaciones, aunque -según indicaron- cuentan con el respaldo del Gobierno.

“La medida -indicó Berra- fue acordada en algún nivel con el Gobierno pero fue una iniciativa de las organizaciones sociales, los movimientos populares que tenemos que tener una intervención activa en el control de precios porque en definitiva los aumentos inciden directamente sobre el bolsillo de los que menos tienen, que son los trabajadores compañeros de la economía popular”.

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“Es un tema que nos preocupa y creemos que hay que seguirlo muy de cerca, porque si las empresas y el Gobierno han hecho un acuerdo para el abastecimiento de productos alimenticios y para tener precios máximos, queremos que eso se refleje en las góndolas”, agregó el referente del Evita.

Las organizaciones sociales están integradas por personas de sectores empobrecidos, las primeras en sufrir cada aumento que registran los alimentos, por eso consideran que no hay mejor control que el que pueden realizar los principales afectados por la inflación.

Además, desde la militancia territorial saben por experiencia que muchas veces los acuerdos quedan en los papeles y no se reflejan en las góndolas. “Muchas veces vimos que estos acuerdos son solamente burocráticos y después los productos no están o los precios no tienen nada que ver con lo acordado. Queremos que los compañeros tengan un rol protagónico en este control porque la inflación es algo que nos castiga a los sectores trabajadores y a los más humildes de la Argentina”, sostuvo Berra en dialogo con este medio. 

Por su parte, el referente de CCC Eduardo Delmonte detalló a Conclusión que el operativo consistirá en “un reparto de volantes en la puerta del súper”, donde los integrantes de las organizaciones cotejarán la lista de Precios Cuidados con los que se ofrecen en los comercios.

En este sentido, señaló que la idea es implementar un 0800 en donde los consumidores puedan denunciar a aquellos supermercados que hayan adherido al programa de Precios Cuidados pero que lo estén incumpliendo.

Delmonte aseguró que las organizaciones sociales realizarán estas intervenciones “en la medida que les sea posible” pero destacó: “Debe ser el gobierno el que ponga el personal adecuado para que cumpla esta función. Nuestra idea es divulgar esto, y que el pueblo, el consumidor, pueda ejercer su derecho de control y denuncie a quienes no cumplan el acuerdo”.

Militancia territorial

Respecto de si va a haber algún tipo de remuneración para las personas que realicen los controles, Berra indicó que el trabajo de relevamiento será “absolutamente voluntario”, una afirmación que repitió Delmonte. 

“Se hace de forma voluntaria, de la misma manera que las otras políticas que venimos llevando adelante, contra la violencia de género, a favor de la vacunación y promocionando temas de salud”, enumeró el referente del Movimiento Evita.

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Entre las acciones que llevarán adelante en los próximos días, las organizaciones sociales destacaron también las tareas vinculadas a la cuestión educativa: “Vamos a tener una activa participación en los barrios populares para que nuestros pibes no se queden atrás en la escuela y puedan tener la accesibilidad que se necesita, con todos los elementos necesarios para tener una educación de calidad”, adelantó Berra.

Control de precios: una medida positiva pero insuficiente

Delmonte señaló a Conclusión que las tres organizaciones sociales consideraron que la medida de control de precios es “positiva” pero “no alcanza para garantizar precios adecuados para el conjunto de la población”.

Al respecto, sugirió: “Tendría que haber una intervención muy fuerte del Estado en los lugares donde la cadena productiva toma valor. Pero además, se tendría que imponer un cupo importante en los alimentos que se exportan y destinar una parte al consumo local. En un país productor de alimentos estamos pagando a precios de exportación, con lo cual se le garantizan las ganancias a los grandes terratenientes, a los agroexportadores y a los frigoríficos pero no se tiene en cuenta las necesidades de la población”.

Para solucionar estos problemas, el referente de la CCC consideró que debe “avanzar en algunas medidas”, como la expropiación de Vicentin o garantizar un aumento en el salario de los trabajadores, como así también medidas para combatir el desempleo.

“En nuestra opinión hay que mantener vigente el Impuesto a las Grandes Fortunas y la suspensión del pago de la deuda externa mientras se la investiga y se determina cuál es legítima y cuál no y con ese dinero atender las urgencias populares”, concluyó Delmonte.

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