La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió este lunes intervenir judicialmente la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), por haber «estructurado un sistema de ingresos y egresos» destinado a «financiar» acciones de «proselitismo político» a través de «seminarios, almuerzos y/o aportes».
«La IGJ resuelve encomendar al departamento de asuntos judiciales de esta IGJ la promoción, en forma inmediata, de la acción judicial de intervención contra la persona jurídica denominada IEES, requiriendo el desplazamiento de los integrantes de su Comisión Directiva», indicó en un documento el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022, la institución judicial determinó que se trata de «una asociación sin fines lucrativos» a través de la que se desplegaron actividades «presuntamente lícitas en origen» pero que tiene como fin «el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional».
Además, apuntó a los millonarios montos que recibió el IEES por «seminarios, almuerzos y/o aportes» y los pagos por «viajes» -que se relacionan con la agenda política de Bullrich- y facturas emitidas a «consultores políticos» cercanos a la campaña de la jefa del PRO.
Sobre los ingresos por «seminarios», detalla por lo menos diez pagos recibidos de distintas personas que suman montos millonarios. El texto ejemplificó el envío de dinero que realizó David Lacroze Ayerza a la fundación, quien de junio a diciembre de 2022 hizo transferencias por «una cifra cercana a los $3.000.000».
La denuncia también tildó de «llamativo» el ingreso de $1.600.000 entre julio y octubre de ese mismo año de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz como «aporte/donación» en julio y como «seminario» en los sucesivos meses, siendo todos los pagos por el mismo monto. El texto menciona casos de otras personas físicas y empresas que enviaron pagos como «aportes, donaciones o pago de seminarios».
También cuestiona el modo en que la fundación «confecciona» sus facturas, ya que «se limita a consignar la palabra ‘seminario'» sin dar detalles. «Sin indicar fecha, ni lugar de realización, ni el nombre de la capacitación, ni el nombre de la capacitación a desarrollar, como así tampoco la cantidad de asistentes que tienen derecho a participar en nombre del contratante», remarcó.
Además, la IGJ apuntó a «la forma de difusión y promoción» que se realizó en torno a su «oferta educativa», algo que el IEES dijo que es «vía telefónica». «Respuesta poco consistente con el éxito de la actividad durante el año 2022, período en el que han recibido ingresos en concepto de ‘seminario’ por parte de unas cuatrocientas personas humanas y jurídicas de distintas zonas del país», detalla el texto, y agrega que la fundación recibió en contraprestación «montos que superan los $60.000.000».
Además, se menciona una «evidente sincronización» entre las acciones políticas de Bullrich y «los aportes y pagos en concepto de seminarios». Según se ejemplificó -mediante notas periodísticas que mencionan fuentes cercanas a la dirigente-, Bullrich recorrió en tono proselitista La Pampa y Córdoba en junio de 2022, donde mantuvo «almuerzos» con dirigentes políticos y empresarios.
En junio de 2022, el IEES abonó $110.300 por «pasajes aéreos a la ciudad de Salta», que se emparenta con el viaje de Bullrich a esa provincia, donde hizo «recorridas» y encuentros con dirigentes. También se considera «altamente reprochable» el uso de $1.760.954 para «afrontar los gastos del viaje» de Bullrich a Miami en diciembre de 2022 para participar de un evento.
Para la IGJ, «todos estos pagos» no sólo «no guardan relación con el objeto social de la entidad», sino que «no resultan consistentes en cuanto a su volumen» con la situación que atravesaba la empresa anteriormente.
