Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
«Un reciente informe que muestra el impacto del Poder Judicial en la vida cotidiana a partir del análisis de unos cincuenta fallos en las más variadas materias, permite establecer no solo el pensamiento de los jueces supremos sino también sus sólidas relaciones con la élite consolidada con la reforma constitucional de 1994. Una lectura más atenta permite distinguir también una disposición a favorecer procesos de acumulación excepcional de algunos grupos empresariales, cadenas de valor globales y capital financiero, en desmedro de los consumidores de ingresos fijos, las provincias y algunas cadenas de valor de base territorial». (Rubén Zarate)
Desde hace tiempo el desconcierto alteró la tranquilidad de distintos analistas políticos por la irrupción del Poder Judicial en la vida política, social y económica de la república Argentina. Los efectos están a la vista, el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández puso al desnudo no solo la intención del gobierno sobre el tema, sino que radiografió en forma pública las acciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con Conclusión, el Licenciado en Ciencias Políticas, y ex ministro de Educación y Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rubén Zárate, se advierte que la constante «creatividad» en materia judicial tiene una orientación «no casual», ya que según el especialista la «orientación» que asumió el máximo tribunal de Justicia de la Nación, «favorece procesos de acumulación excepcional de algunos grupos empresariales, cadenas de valor globales y capital financiero».
Zarate expresó que existe intervención directa de la Corte Suprema «en decisiones de gobierno y operando como orientadora de sentido político de todo el Poder Judicial, que creó una crisis institucional grave». «hay un cambio en el rol de la Corte, no solo desde lo operativo judicial, sino en la identidad política de la Corte», y agregó:»trajo un activismo muy significativo, cambiando su rol clásico que es la interpretación de la leyes, por un rol casi legislativo».
Resulta difícil evaluar si estos conflictos de creciente gravedad institucional son efectos no deseados de interpretaciones controversiales de las normas o si, en el marco de una lucha de intereses que desborda la acción judicial, han convertido la conflictividad en un recurso buscado para acelerar configuraciones de poder al margen de los posibles consensos electorales.
En la misma línea, el ex funcionario apuntó que utiliza el término «pretorianismo», porque se trata de un «concepto jurídico que indica cuando los jueces en algunas de sus instancias sustituyen al Poder Judicial y también pueden modificar las decisiones de los gobiernos».
Esta Corte suprema es fuertemente centralista y unitaria
El caso más relevante que tomo mayor conocimiento público refiere al pedido de capital federal para recuperar un fondo que se corresponde con la coparticiapacion y que fuera bien definido por el gobierno nacional en función de la leyes de coparticipacion y el rol que le cabe a CABA, que no puede homologarse con la provincias que son fundadoras de la Nación».
Rubén Zarate remitió también a un reciente informe que muestra el impacto del poder judicial en la vida cotidiana a partir del análisis de unos cincuenta fallos en las más variadas materias», que no solo «permite establecer el pensamiento de los jueces supremos sino también sus sólidas relaciones con la élite consolidada con la reforma constitucional de 1994».
En otro orden, el especialista en estrategia, señaló «el impacto modifica la totalidad de los recursos presupuestarios», y esto alcanza a los municipios, en obras como viviendas, caminos y puentes, que es una manera de activar la economía de las regiones que avanzan con obra pública pero que arrastra a los proveedores y los trabajadores.
El investigador, trajo a colación que el centralismo, está ligado «a grupos concentrados que tienen sus casas matrices en Capital Federal, ellos tributan en este territorio, alguno de los cortesanos han cuestionando la frase que donde hay una necesidad hay un derecho, o el caso del incremento de la tarifa de internet, contradiciendo la categoría de servicio público que el Ejecutivo Nacional intentó adjudicarle durante la pandemia».
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