La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el análisis del proceso contra los miembros de la Corte Suprema en una reunión en la que Silvio Robles, asesor del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se mostró «reticente» a responder las preguntas del oficialismo en relación al fallo sobre la coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires.
En un momento de la reunión, el jefe de la bancada oficialista, el santafecino Germán Martínez le advirtió a Silvio Robles: «Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti».
El expediente que derivó en la convocatoria de Robles señala que intercambió chats a través de Whatsapp con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación.
El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos.
El artículo 18 dice, entre otras cosas, que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (…)».
Y el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán «guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales».
Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se «negó a encubrir» al mencionado asesor de Rosatti.
De cara a la nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte mediante el cual se pedirá que se lo exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado hoy para no responder la mayoría de las preguntas.
En un escrito leído antes de que lo consultaran los diputados, afirmó: «Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias».
«Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional».
El chaqueño, Juan Manuel Pedrini, salio al ruedo y le recriminó a Robles que su actitud era propia de costumbres monárquicas, alejadas de los principios democráticos como la transparencia, y al cierre de sus exposición le marcó que era parte de un poder que no aceptaba la igualdad tributaria, de eternizarse en los cargos y de ampararse en fueros propios.
Ante las constantes negativas, los diputados del FdT cuestionaron la «reticencia» del testigo y dijeron no tener problemas en que la reunión se extendiera todo lo que fuera necesario, lo que finalmente ocurrió a las seis horas de su inicio.
«Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti», espetó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Para el santafesino, «no es falta de educación, es falta de respeto a otro poder del Estado».
Por su parte, su compañero de bloque Ramiro Gutiérrez pidió dejar «constancia de la reticencia del testigo» y que se tenga a vista «el artículo 10 del Código Civil en lo referente al efecto abusivo de los derechos».
En el mismo sentido, Leopoldo Moreau puso de relieve «los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas» y advirtió que brindar las respuestas «no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación».
Por su lado, la diputada nacional y sindicalista, Vanesa Siley, expresó que «no se puede generar privilegios, si han venido 23 testigos de alto rango de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funcionarios de trayectoria que han respondido todas la preguntas del oficialismo y de la oposición no puede haber un testigo -tenga el cargo que tenga- que genere privilegios respecto del resto».
En el mismo sentido, manifestó «es inadmisible, creo que hay que poner orden, no solo es un testigo reticente y que puede estar infligiendo el Código Penal, sino que esta la buena fe, la moral y las buenas costumbres». «Una se siente como representante del pueblo, impotente frente a un testigo que alude sistemáticamente, arbitrariamente, sin fundamentos y per sé, por el simple hecho de que alguien le dijo, anda y tira el articulo 8 inciso «B» del reglamento o de la justicia o el artículo 18 de la Constitución Nacional, esto no lo puede permitir ningún bloque».
En diferentes pasajes de la reunión, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la metodología implementada por el oficialismo para realizarle las preguntas al testigo e insistieron en que se le respetarán las garantías al testigo.
«La reunión de hoy estuvo sesgada, politizada, e incluso algunas preguntas se realizaron de forma torpe», evaluó la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, en un tono más moderado que el de su jefe de bloque, Juan López, que confrontó durante casi toda la tarde con el oficialismo por el tenor de la reunión.
Además de Robles, para la reunión de este martes estaba convocado D’Alessandro, quien justificó su ausencia «por motivos personales».
En la nota dirigida a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), el exfuncionario porteño señaló: «Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha, para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión».
