Jueza de Nueva York ordena a Argentina entregar mails y mensajes de texto por la causa YPF: Toto Caputo y Massa involucrados
Dos fondos buitre que compraron a la familia Eskenazi los derechos de litigio por la expropiación de las acciones de la empresa petrolera están contra el Estado argentino para el pago de cerca de 900 millones de dólares. La justicia busca probar que el país manejó el precio de los combustibles.
En el marco del desarrollo del juicio por la estatización de YPF contra el Estado argentino, una jueza de Nueva York ordenó al país entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de diferentes funcionarios y exfuncionarios, entre los que se encuentran los exministros de Economía Luis “Toto” Caputo y Sergio Massa. La intención de la justicia norteamericana es la de resolver si el Estado manejó los precios de los combustibles.
La magistrada del Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York ordenó la entrega de la documentación y datos es la que está al frente del caso que busca integrar a YPF nuevamente en la causa que litiga contra la expropiación de acciones de Repsol, que del grupo Petersen, que a su vez pertenecía a la familia Eskenazi. Estos le vendieron los derechos de litigio a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.
Preska ordenó al Estado argentino entregar una serie de documentaciones dado que según los demandantes, «el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales«.
Por lo dicho, la jueza pidió las comunicaciones realizadas a través de sus cuentas personales a Caputo, Massa, a Santiago Caputo, a Gabriel Rubinstein (exviceministro de Economía de Massa), al extitular de la Aduana, Guillermo Michel y del anterior secretario de Industria, José Ignacio “El Vasco” de Mendiguren.
El fondo Burford sostiene que YPF es un “alter ego” del Estado Nacional y que en lugar de funcionar como una Sociedad Anónima (SA) opera según los intereses del gobierno de turno. El objetivo del fondo buitre es poder acceder a activos argentinos, como el oro que trasladó Caputo al exterior, pero sobre todo debilitar la posición del país frente a la justicia norteamericana y con eso hacer pagar los costos y pagar el capital y los intereses, los cuales ya acumulan cerca de 900 millones de dólares.
El argumento de Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera como de los objetivos políticos del gobierno de turno.
Según la presentación, la Argentina «se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)».